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En Santa Cruz, con la ayuda de la acción humana y de las lluvias, los incendios forestales se redujeron, en cuestión de una semana, de 60 a 16. La Gobernación agradece la ayuda de varias instituciones, pero se ratifica en la necesidad de abrogar la Ley 741 (Ley de Autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades) para evitar mayores quemas futuras.

“Hace una semana exactamente, estábamos con 60 incendios afectando al departamento de Santa Cruz. Hoy son 16. Esto refleja un esfuerzo, sacrificio de nuestros bomberos voluntarios, instructores de la Gobernación, bomberos forestales, militares, municipios, comunarios que se enmarca en una política que se define en el Comité de Crisis. Hay 641 personas trabajando en primera línea, sofocando los incendios”, señaló el vocero del Comité de Crisis de la Gobernación cruceña, Luis Alberto Alpire.

En ese sentido, informó que hasta ahora, 1.309.000 hectáreas fueron afectadas en todo el departamento. Comparándolo con los efectos del año pasado, se incendiaron 4.200.000 hectáreas. Es decir, que este 2020, solo el 31% de lo que se quemó el año pasado está siendo afectado.

No obstante, admitió que las lluvias han hecho su parte. “El divino creador ha generado esas lluvias para que se mitiguen varios de los incendios y hoy podamos tener la suerte que se han reducido ostensiblemente”, dijo.

La Ley 741

Por otro lado, Alpire ratificó lo que la Gobernación defiende hace tiempo, que es atacar la raíz del problema de los incendios y abrogar la Ley 741, de parte de la Asamblea Legislativa.

“Esto se origina en la ley 741 que se aprobó el 2015 que incrementa la quema y el chaqueo de cinco a 20 hectáreas. Eso fue lo que supuso que los focos de quema se incrementen de 15.213, el 2015, a 55.975 focos el 2019 y este 2020, hasta la fecha, hay un total de 41.191 focos de quema. Ahí está el detonante de lo que promueve los incendios”, apuntó.

Recordemos que dicha Ley autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de Autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias con sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con la Madre Tierra, protegiendo las funciones ambientales.

La finalidad de la normativa es ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.


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