Incremento salarial: el Gobierno acusa a empresarios y estos le dicen “discriminador”

El Gobierno tensiona el ambiente económico a escala nacional a la hora de defender el incremento salarial acordado con la Central Obrera Boliviana (COB) después de tres días de negociación en la que se dejó de lado al sector empresarial, que antes del anuncio advirtió de serias consecuencias si se aprobaba cualquier tipo de alza a los salarios. Ante esta postura, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que la billetera de algunos grandes empresarios aguanta y apoya paros cívicos, pero “echan el grito al cielo” cuando se quiere mejorar el ingreso de los trabajadores.

En tanto que los empresarios dicen que el Gobierno tomó una medida política y discriminadora. “Esto es una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y sectores productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”, dijo Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

El ministro realizó sus declaraciones un día después de que la COB y la administración del presidente Luis Arce Catacora acordaran un incremento salarial del 4% al Salario Mínimo Nacional y un 3% al haber básico, para la gestión 2022. La aplicación del incremento salarial entra en vigencia desde el 1 de mayo y tiene un carácter retroactivo, como en gestiones anteriores. El salario mínimo nacional sube de Bs 2.164 a Bs 2.250.

Antes de que se oficialice este incremento la CEPB alertó que la medida afectaría la calidad del empleo, no obstante, los empleadores aseguraron que cumplirían con este incremento.

Eso sí, responsabilizaron a la COB y al Gobierno de futuros efectos adversos como despidos y más informalidad.

Fue en este contexto, en el que Montenegro descargó toda su artillería contra el sector empresarial al que acusó de manejar un doble discurso cuando el Gobierno trata de mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores.

“A los empresarios no les agrada incrementar el salario, pero veo un elemento de doble discurso. El año pasado, el presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba, se sumó al paro cívico contra la ley de ganancias ilícitas”, señaló en una entrevista a Radio Panamericana. Luego agregó que “un empresario tiene (dinero) para sumarse a un paro cívico, pero no tiene para un incremento” salarial.

Después en una entrevista con Cadena A, la autoridad dijo que los grandes empresarios “echan el grito al cielo” cuando se trata de mejorar los salarios, pero para parar la producción por fines políticos “parece que hay billetera”.
“Cuando te puedes sumar a situaciones políticas, donde incluso estás dispuestos a sacrificar ventas, ingresos y utilidades parece que ahí hay billetera”, sostuvo.

En la entrevista, Montenegro recordó que, en 2019, durante la crisis política, la Cainco y su presidente Fernando Hurtado optaron por sumarse a las protestas.
Insistió en que “cuando (los empresarios) tienen que reponer el poder adquisitivo, que no se ha dado por dos gestiones”, se niegan.

Las declaraciones de la autoridad contradicen lo expresado por el vocero presidencial, Jorge Richter, que en una entrevista con EL DEBER descartó que los hechos de 2019 provocaron la ruptura del Gobierno del MAS con Santa Cruz. “No hay ese tema del Gobierno del MAS contra Santa Cruz. Si el gobierno de Luis Arce tuviera una animadversión, direccionaba la inversión, la atención y las prioridades. O mostraría una actitud de desconsideración, como por ejemplo, en el caso de las vacunas, pero eso no ha sucedido. Sí, existen miradas contrapuestas con aquellas personalidades e instituciones que claramente desestabilizaron en 2019, provocaron la ruptura e insisten en ese camino. Llámese Comité Cívico”, sostuvo el funcionario.

Se consultó a la Cainco sobre el tema y desde la entidad empresarial indicaron que no se pronunciarían ante las declaraciones del ministro de Economía.

No todos recibirán incremento

Montenegro, aclaró que solo el sector salud y educación recibirá el 3% de incremento al haber básico de forma íntegra, mientras que las otras entidades del Estado y el sector privado tendrán que negociar bajo la base de este porcentaje con sus trabajadores. “Están obligados a negociar bajo estos parámetros el incremento al haber básico 3% y 4% al mínimo”, señaló la autoridad a Radio Panamericana.

Señaló también que la medida busca “reponer el salario y movilizar la demanda interna”. Además, aseguró que habrá retroactividad de enero a abril, pero su reglamentación la determinará el Ministerio de Trabajo.

Empresarios

Desde las CEPB también evitaron responder a las aseveraciones realizadas por el ministro Montenegro. Eso sí, desde la entidad empresarial aseguraron que el incremento es político.

Incluso desde esa organización reiteraron que las consecuencias perjudiciales de estas medidas en el plano económico y social, serán de entera responsabilidad del Gobierno y de la dirigencia de los trabajadores. 

Por otro lado, la CEPB dijo que el incremento salarial tendrá un efecto muy grave sobre las empresas, especialmente las mypes, que se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas.

Los privados mencionaron que, en la actual situación de crisis, los niveles de incrementos salariales (3% al básico y de 4% al mínimo nacional) son inadecuados. Incluso señalaron que ni el mismo sector público puede permitirse su aplicación a todos los funcionarios del Estado. 

“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”, señaló la entidad.

Sin embargo, Montenegro sostuvo que la economía se está manejando de forma adecuada y que “la demanda interna está mejor”, además, aseguró que “la inflación está en niveles bajos con relación a muchos países en el mundo”.
“Estamos en varios organismos internacionales entre las cuatro economías que más van a crecer en esta gestión”, señaló.

Con relación a la posibilidad de que los trabajadores negocien con las empresas un porcentaje mayor de aumento salarial, adicional al 3% obligatorio, los empresarios señalaron que esta determinación “activa un escenario de discordia”.

Además, la entidad agregó que tras conocerse una lista de normas laborales que se están considerando para ser promulgadas el 1º de mayo, la CEPB cree que esas leyes “pueden debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores, poniendo en riesgo los esfuerzos por garantizar la viabilidad del sector productivo y reactivación económica del país”.

Rolando Kempff, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, no quiso hablar sobre las declaraciones de Montenegro, pero pidió al Gobierno mayor apertura con el sector empresarial. Además, sostuvo que más allá de un beneficio, el incremento salarial es un costo. 

Reveló que por cada porcentaje de incremento al salario mínimo nacional el sector debe pagar cerca de $us 53 millones. “Solo en el incremento de este año se gastarán $us 212 millones”, dijo.

Pidió al Gobierno generar condiciones para reactivar la economía, que, según él, sigue sintiendo los efectos de la crisis.

En tanto que titular de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, dijo que el costo del alza salarial es altísimo para los miles de negocios pequeños que sufren día a día y recurren a la supervivencia de su negocios, lo que incidirá en los empleos formales.

Desde la Cámara Nacional de Industrias también se pronunciaron y dijeron que aún cuando van a cumplir con la medida, advierten que la determinación del Gobierno promueve la desindustrialización del aparato productivo nacional y el aumento del trabajo informal y precario.