Indagan bienes de Alcón; hay tres feminicidas liberados por el exjuez

Entre sobornos y algunos regalos, el exjuez Rafael Alcón emitió resoluciones contrarias a la ley a favor de Richard Choque Flores (La Paz), Rubén Omar Centellas (Santa Cruz) y Félix Ferreira García (Cochabamba). Todos ellos feminicidas y violadores, puestos en libertad pese a que fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, adelantó que de las pesquisas iniciales no solo surgieron indicios de los delitos de consorcio de jueces, fiscales, abogados y médicos, sino de prevaricato y tampoco descartan que Alcón haya incurrido en legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, prefirió no adelantar juicios y se mantiene a la espera de los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“En la investigación se pedirá la información en cuanto a bienes e informes de la Unidad e Investigaciones Financieras. Hay graves indicios de prevaricato, de consorcio, de falsedad y quién dice que en el próximo tiempo podamos tener indicios de legitimación de ganancias ilícitas”, dijo mediante vía telefónica.

Asimismo, el Ministerio de Justicia se querelló contra el exjuez Alcón por los delitos de incumplimiento de deberes; prevaricato; consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados; y supresión y destrucción de documento.

Siles añadió que luego de una revisión preliminar de los cuadernos colectados se evidenció que Alcón emitió resoluciones con procedimientos parecidos y benefició a los tres delincuentes. De los cuales, Ferreira aún vive en la impunidad.

“Hay una similar forma de operar. Existe un certificado médico que reporta un supuesto estado de salud, hay garantes que se ofrecen para que el señor salga en libertad con detención domiciliaria, familias involucradas, abogados que hacen las solicitudes”, detalló la autoridad luego de participar en la primera reunión de la comisión especial que revisa los 160 casos de sentenciados puestos en libertad.

Sobornos

De acuerdo a la declaración del violador serial, este pagó a Alcón $us 3.500 y una botella de whisky para salir de la cárcel de San Pedro a sugerencia de su abogada Marlene Paco, quien también está detenida.

A la fecha, la Fiscalía investiga al exjuez, quien tiene detención preventiva, por consorcio. Suman 10 detenidos e implicados en el caso del feminicida serial. Según el Artículo 174 del Código Penal señala que “el juez que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas, en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con presidio de dos a cuatro años”.

El jurista José Velasco explicó que un consorcio sería similar a una “empresa ilegal” donde los miembros de dicha organización reciben ganancias. “El sistema judicial boliviano está contaminado por el poder político y la corrupción, donde prima el dinero. En los consorcios corre mucho dinero. Hay muchos abogados que tienen amistad con jueces y fiscales, por esa cercanía pueden direccionar los casos en favor de los que ponen el dinero y aquí no hay normativa jurídica que valga para evitar sentencias”, lamentó el abogado.

Protector de Alcón

El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que el exjuez Rafael Alcón recibía protección de su hermano, Gonzalo Alcón que era militar, abogado y consejero de la Magistratura desde 2018. El también excomandante de la Armada fue seleccionado por la comisión del Legislativo, conformada en su mayoría por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para ser candidato en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017. Luego de resultar elegido, Alcón asumió la presidencia de la Magistratura en 2018 y también en 2019. En su última gestión su hermano Rafael liberó al violador serial, sentenciado a 30 años de cárcel por asesinato.

“Alcón tuvo una protección desde el Consejo de la Magistratura que también lo nombró y nunca fue evaluado en el desempeño, nunca se hizo una evaluación de las graves irregularidades que se cometían en ese juzgado”, declaró Lima el 29 de enero.

Richard Choque Flores, el denominado violador serial y feminicida, abusó sexualmente de más de 70 mujeres y en su haber tiene al menos cuatro muertes. Fue sentenciado a 30 años de cárcel en noviembre de 2015, por el secuestro y el asesinato de una joven de 20 años. Cuatro años después, en diciembre de 2019, el exjuez Alcón le otorgó detención domiciliaria por, supuestamente, padecer una enfermedad terminal, lo que resultó ser falso.

Este caso se convirtió en la punta del ovillo para descubrir otras determinaciones contrarias a la ley que benefician a otros sentenciados también en Santa Cruz y Cochabamba. Rubén Omar Centellas Quevedo también condenado en 2006 a la pena máxima en Bolivia, tras haber confesado el asesinato de Carmen Rosa Peña Villagómez, a quien descuartizó y mantuvo partes del cuerpo de la víctima en su heladera en un apartamento en Santa Cruz, obtuvo detención domiciliaria el 19 de octubre de 2021.

El viernes por la noche, la Fiscalía aprehendió a Centellas quien estaba libre bajo el mismo modus operandi que Choque ya que habría presentado un certificado médico que señala que tiene un cuadro de diabetes y contó con la ayuda de una abogada defensora.

Félix Alfredo Ferreira García asesinó en 2001 a Claudia Berdecio Mendoza, quien era la hija de su entonces pareja. El 10 de marzo del mismo año fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto y cumplía su condena en el Penal de El Abra en Cochabamba, donde habría tenido una conducta “ejemplar”. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2014 fue beneficiado por Alcón y ahora vive en la impunidad.