Informe de la PGE avala auditoría de la OEA y omite ataques de personas afines al MAS

La Procuraduría General del Estado (PGE) envió un informe a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los hechos anteriores y posteriores a la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Este documento, entre varios aspectos, valida las conclusiones a las que llegó la Organización de Estados Americanos (OEA) al ratificar que el exmandatario anuló las elecciones de 2019 después de conocer los resultados de la auditoría.

Además, el informe omite varios aspectos, como los ataques de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) a personas como el activista Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema, quienes sufrieron la quema de sus domicilios en La Paz.

“Tras el informe preliminar presentado por la OEA, el entonces presidente constitucional, Juan Evo Morales Ayma, el 10 de noviembre, en horas de la mañana, anunció convocar a nuevas elecciones y la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, dice el párrafo 37 del informe de la Procuraduría.

Este punto, según el analista Paul Antonio Coca, consideró que la PGE avala los resultados de la auditoría de la OEA al ratificar que Morales aceptó nuevas elecciones y nuevos autores en el ente electoral. “Recordemos que en esa época, Evo Morales estaba ya contra la pared. Había llamado al diálogo y fue rechazado, por eso, al conocer el informe (de la OEA), aceptó nuevas elecciones con nuevos vocales”, detalló.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, reveló que Evo Morales intentó, la madrugada del 10 de noviembre de 2019, paralizar la publicación de los resultados de la auditoría a las elecciones. Almagro no atendió al exmandatario y un alto funcionario del organismo multilateral fue quien habló con Morales. El expresidente le dijo que ese informe podía aumentar los conflictos en Bolivia.

Evo convocó elecciones

Ese mismo día, Morales llamó a una conferencia a las 06:00 en el hangar presidencial de la ciudad de El Alto. Estaba rodeado por dirigentes de sectores sociales afines al MAS. Ahí fue cuando llamó a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. No hubo respuesta y horas más tarde, desde el trópico de Cochabamba, anunciaba su renuncia.

El documento de la Procuraduría tampoco menciona que Morales aseguró que no iba a volver a ser candidato en las posibles nuevas elecciones y que el MAS iba a buscar a su sucesor.

Al respecto, el senador Leonardo Loza, de filas del MAS, afirmó que la Procuraduría “solo relató” los hechos de 2019 y “demostró ante la comunidad internacional que en Bolivia hubo un golpe de Estado”. El legislador acotó que la OEA “nunca” demostró que hubo fraude en las elecciones generales de esa gestión.

Esos comicios fueron anulados tras las denuncias de fraude y las protestas en varios puntos del país. Fue el propio Morales quien llamó a la OEA para que realice una auditoría al proceso electoral. Esa posición se ve plasmada en el informe de la PGE.

Sobre el tema, la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la Procuraduría “se olvidó” que es la entidad que defiende al Estado y ahora “se mostró” como un “bufete de abogados” que defiende al expresidente Evo Morales y sus exautoridades.

“Esto es una pena. Tratar de ocultar los hechos de 2019 que fueron provocados por el fraude electoral es una barbaridad. Ese informe defiende a Evo Morales y su entorno y tratan de mostrar al expresidente como si fuera una víctima”, resaltó Barrientos.

Lo que omite el informe

El informe de la PGE omite varios aspectos de los hechos de 2019, como los ataques que ejecutaron simpatizantes del MAS luego de que Morales renunció. No se menciona los incendios provocados a las casas de Waldo Albarracín y de Casimira Lema, ambas en la ciudad de La Paz.

También omite la quema a los buses públicos Puma Katari que pertenecen a la Alcaldía de la sede de Gobierno. Por este ataque se vincularon a varios dirigentes afines al partido oficialista.

Si bien habla de tres muertes antes de la renuncia, no menciona con detalle que dos dirigentes cívicos y opositores fueron asesinados en Montero, ni la presencia de ex terroristas en los enfrentamientos.

Incongruencia

El documento suma otra incongruencia al destacar a la Iglesia católica como parte mediadora para solucionar los conflictos de 2019. Pero luego, al detallar los hechos, la Procuraduría afirma que la institución religiosa es parte del denominado golpe de Estado junto a policías, militares y comités cívicos.

“No participamos en ningún golpe de Estado, no hemos gestado ningún golpe de Estado. Sabemos que eso no es cierto, la población sabe que no se ha gestado un golpe de Estado. En conciencia estamos tranquilos, sabiendo que nuestro papel y de la Unión Europea (UE) ha sido la pacificación del país, esa ha sido la motivación”, remarcó el obispo de la Diócesis de la ciudad de El Alto, Giovanni Arana.

Las renuncias

Las dimisiones de Morales, Álvaro García, Adriana Salvatierra y Víctor Borda son parte de análisis del documento. La PGE dice que el entonces vicepresidente, que la presidenta del Senado y el presidente de Diputados fueron obligados a dimitir y que sus renuncias no fueron oficiales al no tratarse en la Asamblea Legislativa.

García Linera renunció junto a Evo Morales. Salvatierra hizo lo mismo, pero desde Santa Cruz. Borda lo hizo horas antes de la dimisión de Morales debido a que sus familiares fueron amenazados.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, explicó el 30 de abril que el informe enviado a Michelle Bachelet, como responsable de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, contiene pruebas sobre la supuesta ruptura constitucional de 2019. “Digan la verdad; nosotros estamos demostrando con documentos, con papeles y precedentes constitucionales”, remarcó Chávez en esa ocasión. Ahora, no se pudo conocer su versión a pesar de insistir en un contacto telefónico.

En marzo, tras cumplir una visita oficial a México, el presidente Luis Arce había anunciado el inicio de una campaña internacional para exponer los hechos, desde el punto de vista del partido oficialista, sobre la crisis política de en 2019.

La PGE intenta desprestigiar las movilizaciones en los 21 días de paro cívico. Las califica como parte del supuesto golpe de Estado y como una forma de atentar al entonces gobierno de Morales. Es más, cuestiona la conformación del Comité pro Santa Cruz y el rol que tuvo Luis Fernando Camacho al frente de la entidad. 

“Volviendo al escenario poselectoral de 2019, estos Comités Cívicos, arrogándose la representación de los departamentos, denunciaron un presunto fraude, empero contradictoriamente, procedieron a quemar los tribunales departamentales electorales, lugar que se constituían en la prueba del supuesto fraude electoral”, dice el párrafo 29 del texto.

El expresidente Carlos Mesa rechazó que el Gobierno intente deslegitimizar la protesta ciudadana de 2019 debido al presunto fraude en las elecciones. “El MAS solo produjo persecución política, violación de los Derechos Humanos, ineficiencia, impunidad, cuoteo y poca transparencia”, remarcó la exautoridad.

Otro apunte del informe es que acusa a medios de comunicación privados de ser parte del denominado golpe de Estado. La PGE no dice qué medios, pero afirma que las casas periodísticas fueron utilizadas para desgastar la gestión de Evo Morales. El texto oficial concluye que hubo una ruptura del orden constitucional.