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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los sucesos violentos de la crisis política de 2019, entregó su informe final en la embajada de Bolivia en Washington, donde también está la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encargó esos estudios. El reporte, que será público en agosto, incluye una propuesta para investigar los hechos de violencia perpetrados contra personas, autoridades y organizaciones, además contiene un plan integral de reparación de daños victima de la violencia.

“El GIEI Bolivia entregó el 23 de julio su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia, según el acuerdo firmado entre la CIDH y el Estado”, informó el jurista Jaime Vidal, secretario de este cuerpo colegiado, a través de un comunicado divulgado ayer.

Además, precisó que se investigó “la violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” y anticipó que “El GIEI debe incluir un plan de reparación integral a las víctimas”.

De hecho, de acuerdo con el protocolo difundido ayer, el grupo de expertos asumió la responsabilidad de “elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, incluyendo fallecimientos, individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias actos de racismo o discriminación”, entre otras vulneraciones, además de “lesiones a la libertad de expresión”.

El secretario del GIEI precisó que el protocolo de actuación brinda “un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

“La independencia del GIEI está reflejada en su comunicado vía su Secretario Ejecutivo. Como Estado trabajaremos para hacer llegar nuestros comentarios en el tiempo definido por el protocolo”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima, en una breve declaración.

Jaime Aparicio, quien fue embajador del gobierno de Jeanine Áñez en la OEA, recordó que el grupo de expertos fue solicitado a fines de 2019 por Bolivia “para que se haga una investigación seria e independiente y verdadera”. “Junto a la canciller Karen Longaric estábamos muy interesados de que haya una investigación independiente”, insistió.

Aparicio, en contacto con EL DEBER, señaló que se pidió el grupo de expertos porque, en un rimer informe, la CIDH se parcializó con el expresidente Evo Morales. Según recordó, en 2019 esa entidad estuvo a cargo de Paulo Abrao. “Él se parcializó con los sectores afines al MAS y se pusieron datos falsos”, puntualizó.

“Esta investigación, la de los expertos, si ha sido hecha con imparcialidad y no con fines ideológicos y políticos, podría ayudar a esclarecer esos hechos. Ojalá la hayan hecho con técnicas serias y con independencia para saber de dónde vinieron los disparos y las armas”, remarcó Aparicio.

Ante la posibilidad de juicios de responsabilidades contra los presuntos responsables de la violencia, incluida la expresidenta Áñez actualmente detenida, lamentó el estado de la justicia. “No tenemos ni jueces, ni fiscales, ni tribunales independientes. Es difícil que se haga un verdadero esclarecimiento de los hechos de violencia que todos hemos vivido en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019”, apuntó el exembajador.

Thomas Becker, abogado estadounidense y miembro de la red de derechos humanos de la Universidad de Harvard, estuvo cerca de las familias de las víctimas de Senkata. Destacó la validez del informe por las recomendaciones que pueda hacer, pero sobre todo como un mensaje para poner fin a la polarización política del país.

“Este informe puede ser muy importante. Ojalá pueda servir como un puente de una Bolivia que está muy dividida, ahora. Bolivia está muy polarizada y creo que puede aclarar mucho lo que pasó en 2019”, señaló el jurista en contacto con EL DEBER.

“Puede recomendar la puesta en marcha de una comisión de verdad reconciliación. Han hecho una investigación muy amplia de seis meses”, remarcó y consideró que es posible que la comisión incluya la reciente denuncia planteada por el Gobierno y el MAS sobre el supuesto contrabando de armas y pertrechos de Argentina.

De hecho, en el informe preliminar de 2019, la CIDH ya había pedido al Estado “conducir desde el más alto nivel un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”. En ese marco, Becker anticipó la posibilidad que los expertos planteen juicios para que “se haga justicia para las víctimas y al fin ellas puedan descansar luego de casi dos años de persecusión y sufrimiento”.



David Inca, representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto y parte del equipo de abogados que respaldó a las familias de las víctimas de los fallecidos de Senkata, llegó el viernes por la mañana hasta la plaza Murillo junto con un grupo de familiares de las víctimas para pedir el reporte o participar de la entrega del mismo. Lamentó que el presiente Luis Arce no haya respondido a las solicitudes de audiencia que le solicitaron.

El GIEI conformado para Bolivia está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer. Este grupo inició su labor investigativa a fines de noviembre de 2020, casi un año después del primer acuerdo firmado con el Gobierno.

Poco antes de la entrega del reporte final, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo una declaración virtual de 40 minutos a solicitud del GIEI.

Además, exalcalde de La Paz Luis Revilla solicitó en varias oportunidades entregar su versión, especialmente sobre los hechos vandálicos que se produjeron entre el 10 y 11 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

La crisis de 2019 se cobró la vida de 37 personas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo.




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