Informe encargado por la Fiscalía confirma que operaron servidores ajenos al TSE en elección de 2019

El informe confidencial sobre las frustradas elecciones generales de 2019, elaborado por un equipo técnico de la Universidad de Salamanca por encargo del Ministerio Público, detectó negligencias en Neotec la empresa encargada de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También menciona que hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso a la base de datos del Tribunal Supremo Electoral y en condiciones de insertar información o cambiarla, aunque después descarta un fraude en los comicios para favorecer al entonces presidente y aspirante a la reelección, Evo Morales (MAS). 

El referido informe pericial, que se elaboró entre mayo y junio de 2021, estableció que se "produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos, ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral", señala textualmente.

No obstante, en el resumen del documento indica: "hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático de proceso electoral, como administrador, que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y/o eliminar datos, así como borrar los registros de las evidencias. Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde el punto de vista técnico como altamente improbable, debido a que para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos". 

De lo que no hay referencia es que en el cómputo oficial se mezclaron datos del TREP y del conteo de votos del sistema electoral, ya que varias actas y papeletas electorales habían sido quemadas durante las protestas.

En la conclusión del análisis del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el que identifica a la Fiscalía como cliente, también se menciona que el análisis se ha realizado sobre la base de una muestra enviada por el Ministerio Público, casi dos años después de realizada la elección.

En el documento de más de 250 páginas se presenta una relación de los procedimientos, indicando que se generó un riesgo alto por "destrucción de las evidencias necesarias para determinar el comportamiento del servidor BO2O", que era receptor de los resultados electorales.

En este aspecto, el documento de la universidad española coincide con el informe presentado el 10 de noviembre de 2019 por la Secretaría para el Fortalecimiento para la Democracia (SFD), junto al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que identificaron "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección" para favorecer al entonces presidente y aspirante a la reelección por el MAS, Evo Morales.

"Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial", establecía el informe oficial de los observadores de la OEA que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, 20 días después de la celebración de los comicios y horas antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que solicitó refugió político en México y después en Argentina, desde donde hacía seguimiento al conflicto político y social que enfrentaba el país.

No encontró elementos

El fiscal general reapareció ayer en Sucre para informar que "ante los resultados de la pericia internacional, la comisión de fiscales a cargo del proceso penal denominado 'fraude electoral', con toda la información recolectada en la etapa investigativa y, principalmente, el informe en la pericia en seguridad informática y administración de redes emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso, al determinar que el hecho investigado no constituye delito".

La posición asumida con Lanchipa contrasta con la que demostró el 12 de noviembre de 2019, cuando instruyó operativos para la detención de, al menos, 34 miembros de los tribunales electorales del país por el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año.

Los entonces vocales fueron acusados por los supuestos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática y alteración de datos relacionados con los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.

A decir del expresidente y excandidato a la jefatura de Estado en 2019 Carlos Mesa, "la investigación (solicitada por la Fiscalía) es extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el Gobierno masista y una consultora, no es creíble ni reemplaza a la verificación y evaluación in situ de la OEA, refrendada por la Unión Europea".

El expresidente del Comité pro Santa Cruz y actual gobernador del departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, afirmó, vía Twitter, que "la OEA hizo una auditoría que demostró más de 70 irregularidades y hay evidencias claras de manipulación al sistema informático, pero a pesar de esto la justicia masista cierra el caso".

En ese sentido, desde la bancada legislativa de Creemos, partido liderado por Camacho, aseguraron que la Fiscalía intenta borrar el fraude electoral de 2019 para imponer la "falta narrativa de golpe de Estado", que intenta posicionar el Gobierno.

Por este caso se encuentra encarcelada desde marzo la expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y siete militares que ocuparon puestos en los Altos Mandos durante la gestión de Morales y en el gobierno transitorio de Áñez.

El senador Erick Morón dijo que el MAS sacó un as que tenía oculto bajo la manga, con un informe que carece de veracidad, para archivar el fraude electoral y con la intención de posicionar el discurso que en Bolivia hubo un golpe de estado en 2019.

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