(LEA EL DOCUMENTO) García-Sayán insta a que se elija a la brevedad un Defensor del Pueblo. También recomienda impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes para la selección y designación de magistrados

25 de mayo de 2022, 14:45 PM
25 de mayo de 2022, 14:45 PM

Este miércoles se conoció el informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, documento que consta de 20 páginas y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en las próximas semanas.

Producto de su visita a Bolivia, el representante constató que “los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados” y pone como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.

Sostiene que los proceso “golpe I” y “golpe II”, relacionados con la exautoridad, “han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.

Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, explica el escrito.

El documento:

Manifiesta que “la corrupción puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”, que “debe ser garantizada por el Estado, esa es su obligación internacional y constitucional”, enfatizando que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia”.

El informe incluye 12 conclusiones, una de las más importantes menciona que la elección de las altas autoridades judiciales mediante el voto popular “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos, marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.

Al respecto, cree oportuno “impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”. 

García-Sayán insiste “en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura”.

Sobre la crisis de 2019, el relator dice que “el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, además de aprobar de forma expedita “proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019”.

Asimismo, tomando en cuenta la falta de consensos al interior de la Asamblea, con cuatro votaciones fallidas, el informe “exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo”.