Instalan 50 juicios contra exministros y desde el MAS piden que no se escapen

En los últimos dos años, cerca de 50 juicios con sus respectivas investigaciones penales por los delitos de terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y otros, se han instalado contra todas las personas que colaboraron como ministros en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020).

El abogado Luis Adolfo Guillén explicó que esta cantidad de casos “se han dejado abiertos” durante este tiempo y mencionó que el más reciente tiene que ver con una denuncia por “daño económico al Estado” que pudo suceder en 2020, cuando se autorizó una rebaja de precios de Jet Fuel, pero en el contexto de la pandemia.

“Irán citando a todos los miembros de ese gabinete. Todos, en calidad de sindicados. Se está acusando a una medida política que obedecía a una situación que en ese momento estaba viviendo el país. Es cuestión de días que todos los involucrados, todos los exministros, sean convocados”, declaró Guillén, quien es parte de los abogados que defiende a Áñez y varios de sus excolaboradores.

A esto se suma una acción promovida por la Procuraduría General del Estado que pidió investigar a los obispos que eran parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en 2019. Este grupo de religiosos viabilizó la pacificación en 2019 y ya enviaron un informe sobre los alcances de esas gestiones al Papa Francisco y a las autoridades nacionales.

Desde el MAS esperan que todos sean juzgados. Además, revelaron que la Cancillería inició conversaciones con autoridades de otros países, en particular con Brasil, para acelerar los procesos de extradición de exministros.Desde el 1 de enero el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, un aliado del Gobierno del presidente Luis Arce, gobierna esa nación.

“Si Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz) está dentro de las rejas, se convocará a todos. Hay documentos que ellos firmaron varios decretos y, por lo tanto, se van a tener que someter a la justicia”, avisó el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Andrés Flores. Además, explicó: “Vamos a coordinar con la Cancillería. Hemos tenido una reunión con el canciller (Rogelio Mayta) para extraditar a algunos que han fugado del país, especialmente aquellos que están en Brasil. No queremos adelantar más detalles, pero pedimos que esto se pueda acelerar para que puedan ser juzgados”, dijo el legislador de la facción renovadora del MAS.

En octubre de 2022, Jair Bolsonaro, siendo presidente brasileño, confirmó que el exministro de Defensa Fernando López y el excomandante de la Policía Yuri Calderón estaban refugiados en su país, junto con otras exautoridades del Gobierno boliviano.

El abogado Jerjes Justiniano Atalá también está en Brasil, pero desde el 2 de febrero. Fue ministro de la Presidencia durante la transición que dirigió Jeanine Áñez tras la crisis política de 2019 y, en esa condición, fue requerido como “testigo” para el proceso que las autoridades judiciales y del Gobierno llaman “Golpe I”.

Se trata del mismo caso que hace 40 días llevó al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, al penal de Chonchocoro. Está recluido en calidad de detenido preventivo por cuatro meses. En este tiempo, la Fiscalía debe preparar una acusación por terrorismo, aunque se preparan otros cargos penales por transferir recursos a los militares en 2019.

El exdirigente socialista Jerjes Justiniano Talavera, padre del exministro, explicó que la citación fue enviada desde el Ministerio Público el 8 de febrero, cuando el requerido ya estaba en Brasil. “Siendo testigo, el procedimiento señala que no necesariamente puede acudir personalmente y se le puede recibir su declaración mediante internet. Y eso es lo que ha planteado mi hijo”, precisó el jurista, quien fue embajador de Bolivia en Brasil entre 2013 y 2015, en la era de Evo Morales.

Viajó el viernes a Brasil para acompañar a su hijo, quien debe someterse a varios chequeos médicos. Dijo que estos días hablará con él sobre el escenario jurídico.

“Aquí, en nuestro país, no hay un Estado de derecho, porque no hay ninguna garantía para él. Aquí se inventan procesos, porque estamos con una justicia totalmente dependiente y capturada por el Poder Ejecutivo y eso no es el Estado de derecho. En consecuencia, le dije a mi hijo que no puede venir”, señalo el ex líder socialista.

Justiniano Atalá anunció, por su lado, que tiene pensado retornar al país. Legisladores de la oposición le recomendaron pedir refugio y desde el MAS creen que “se escapó” para evitar correr la misma suerte que Camacho.

“Es una pena que las autoridades que han estado en ese Gobierno de 2019 y 2020 no hayan sido capturados. Por eso, a exigencia de la población, de las organizaciones, se ha podido capturar al gobernador. Si no hubiese sido el pueblo y la exigencia de las organizaciones, hoy por hoy, no hubiese esa iniciativa de parte del Ejecutivo. Es por eso que se escapan esas exautoridades que fueron parte del ‘golpe’, así como Jerjes Justiniano y las exautoridades que están en otros países”, declaró el diputado Freddy López, de la facción evista del MAS.

Eso sí, el legislador cuestionó a los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, “por la falta de celeridad” en estos procesos legales.

Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 y fue sentenciada a 10 años de prisión por la “autoproclamación” que hizo en medio de la crisis de 2019. Se la juzgó como exsenadora, pero este caso generó un precedente para que su mandato sea desconocido legalmente y, de este modo, pueda ser juzgada únicamente por la vía ordinaria. Los exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, llevan el mismo tiempo encarcelados.

Guillén consideró que tras la aceptación en el ámbito de la justicia ordinaria del caso denominado EBA se activó una especie de “llave” para que los actos de Áñez, que se hicieron durante su mandato, sean juzgados por la vía ordinaria y no así a merced de un juicio de responsabilidades.

El caso EBA tiene que ver con una designación presuntamente ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y Áñez recibió otra prisión preventiva de cuatro meses, estando ya detenida en el penal de Miraflores, en La Paz. Además, por efecto, de esta decisión, un juzgado de El Alto aceptó juzgar a la exmandataria por la masacre de Senkata y se espera que pase lo mismo en Cochabamba, por el caso Sacaba. Ambos procesos serán ordinarios.

Por eso, el expediente, que estuvo casi un año en la Cámara de Diputados, fue devuelto al Tribunal Supremo de Justicia para que el caso cambie de curso.

Un legislador del MAS recordó a EL DEBER que el tratamiento de estos procesos por la vía ordinaria “fue una exigencia de Evo Morales”. El legislador compartió este dato a cambio de mantenerse en el anonimato. “Estos procesos nos unen”, complementó.

Lima calificó de “histórico” que un juzgado ordinario trate este caso y dio pistas sobre la estrategia legal que se evidenció esta semana. “A fines del año pasado, ya le pedimos al Senado que remita los obrados al Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de El Alto ha requerido esos documentos. Esta decisión es histórica; marca el inicio de un proceso ordinario por las masacres de Senkata”, afirmó Lima el 25 de enero. Dijo que habrá “un debido proceso” cuando lleguen las observaciones de los “sujetos procesales” que estén involucrados en este caso.