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Mediante la mediación de dos viceministros, este martes los campesinos  que mantenían bloqueada la carretera Santa Cruz – Trinidad, a la altura del municipio de San Julián, levantaron la medida de presión. Este sector se reunirá este jueves con tres ministros de Estado y con el director Nacional del INRA.

Ese fue el acuerdo al que llegaron los campesinos luego de dialogar con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox y el viceministro de seguridad ciudadana, Roberto Ríos. Ambas autoridades firmaron un acta de compromiso para que los ministros bajen a dialogar con el sector.






Según el documento del acuerdo, al que accedió EL DEBER, se convocará a personeros del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que encabeza Remmy Gonzales, del Ministerio de Gobierno, además del director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elogio Núñez.

La cita fue fijada para este jueves a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la Federación de Interculturales de San Julián.

Las personas que realizaron este bloqueo pertenecen a los interculturales de este municipio, que respaldan a los campesinos armados que tomaron ilegalmente el área denominada Las Londras e incluso secuestró a 17 personas, entre las que se encontraba 7 periodistas que cubrían este hecho.

Pese a existir un video que prueba el accionar violento de este grupo armado, los integrantes del mismo indicaron que se trató de un mal entendido y que “solo querían dar un susto” a la comitiva que llegó a inspeccionar el lugar. Incluso efectivos de la policía fueron rebasados por estas personas, que amenazaron con quemar vivos a los uniformados, periodistas y civiles.

Luego de este hecho, los interculturales bloquearon la ruta al Beni, para exigir la presencia del ministro de Gobierno. Aseguraron que los medios de comunicación tergiversaron los hechos y los acusaron de parcializarse a favor del sector empresarial. Hasta el momento no existe ninguna persona detenida por el acto delictivo, pese a que el Gobierno prometió dar con los autores del secuestro.



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