Investigación evidencia deficiencias en los IDIF que ponen en duda los informes forenses

Un informe defensorial sobre la situación de los Institutos de Investigación Forense (IDIF) en el país, presentado este lunes, evidencia que éstos enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinada área.

La titular de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que esta situación afecta el acceso a la justicia y el debido proceso, al ser fundamental para esclarecer hechos, modos, autores y circunstancias en las que se hubiera cometido un delito, informes técnicos científicos y esenciales que se constituyen en elementos de prueba y así coadyuvar en la tramitación de los procesos judiciales.

La investigación realizada en los IDIF a nivel nacional muestra que estas observaciones, ya advertidas en otro informe, presentado en 2013, no cambiaron y que las recomendaciones defensoriales emitidas respecto a la deficiente cantidad de personal, carencia en la infraestructura en laboratorios y la falta de recursos materiales, no fueron atendidas y persisten en la actualidad.

La investigación defensorial permitió, también, advertir que no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente, dando lugar a que sea objetada por la parte contraria en un proceso; asimismo, ésta se pone en riesgo por las precarias condiciones de equipamiento en los IDIF que no cuentan con los equipos básicos, insumos y equipos de bioseguridad necesarios.

La Defensora detalló que más del 50% de los Institutos de Investigación Forenses carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad y que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación, lo cual se convierte en una barrera u obstáculo para el adecuado acceso a la justicia.

También se evidenció que no existe coordinación entre los establecimientos de salud y los IDIF para la recolección de muestras y evidencias en casos de víctimas de violencia sexual, lo que lleva a realizar de nuevo la valoración forense incurriendo en una revictimización, incumpliendo así la Ley N°348.

Otra deficiencia identificada que dificulta el acceso a la justicia, es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, y que además los IDIF solo tienen presencia en 10% de todos los municipios a nivel nacional, situación que no permite que la población más vulnerable tenga acceso de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la Fiscalía General del Estado para que incremente ítems para médicos forenses y personal de laboratorio en todas las dependencias de los IDIF; para implementar o reforzar las especialidades de medicina forense en el eje troncal del país; y capacitar al personal administrativo en atención básica a víctimas de violencia.

La Defensoría recomienda, además, implementar centros integrales para la atención de víctimas en el área urbana y rural que aglutinen a las oficinas del IDIF, Ministerio Público, Policía y otras instituciones relacionadas con la temática, o que sus dependencias sean ubicadas cerca de éstas para garantizar la eliminación de barreras para el acceso a la justicia.

Finalmente, recomienda a la Dirección Nacional del IDIF que establezca políticas de priorización en los IDIF para la atención a pacientes víctimas de violencia sexual mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la acreditación de los laboratorios forenses a normas de calidad nacionales e internacionales; y al Ministerio de Salud, recomienda políticas de coordinación entre establecimientos de salud y el IDIF para la recolección de muestras y evidencias, y la homologación de certificados médicos en casos de víctimas de violencia.

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