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Un informe defensorial sobre la situación de los Institutos de Investigación Forense (IDIF) en el país, presentado este lunes, evidencia que éstos enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinada área.

La titular de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que esta situación afecta el acceso a la justicia y el debido proceso, al ser fundamental para esclarecer hechos, modos, autores y circunstancias en las que se hubiera cometido un delito, informes técnicos científicos y esenciales que se constituyen en elementos de prueba y así coadyuvar en la tramitación de los procesos judiciales.

La investigación realizada en los IDIF a nivel nacional muestra que estas observaciones, ya advertidas en otro informe, presentado en 2013, no cambiaron y que las recomendaciones defensoriales emitidas respecto a la deficiente cantidad de personal, carencia en la infraestructura en laboratorios y la falta de recursos materiales, no fueron atendidas y persisten en la actualidad.

La investigación defensorial permitió, también, advertir que no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente, dando lugar a que sea objetada por la parte contraria en un proceso; asimismo, ésta se pone en riesgo por las precarias condiciones de equipamiento en los IDIF que no cuentan con los equipos básicos, insumos y equipos de bioseguridad necesarios.

La Defensora detalló que más del 50% de los Institutos de Investigación Forenses carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad y que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación, lo cual se convierte en una barrera u obstáculo para el adecuado acceso a la justicia.

También se evidenció que no existe coordinación entre los establecimientos de salud y los IDIF para la recolección de muestras y evidencias en casos de víctimas de violencia sexual, lo que lleva a realizar de nuevo la valoración forense incurriendo en una revictimización, incumpliendo así la Ley N°348.

Otra deficiencia identificada que dificulta el acceso a la justicia, es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, y que además los IDIF solo tienen presencia en 10% de todos los municipios a nivel nacional, situación que no permite que la población más vulnerable tenga acceso de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la Fiscalía General del Estado para que incremente ítems para médicos forenses y personal de laboratorio en todas las dependencias de los IDIF; para implementar o reforzar las especialidades de medicina forense en el eje troncal del país; y capacitar al personal administrativo en atención básica a víctimas de violencia.

La Defensoría recomienda, además, implementar centros integrales para la atención de víctimas en el área urbana y rural que aglutinen a las oficinas del IDIF, Ministerio Público, Policía y otras instituciones relacionadas con la temática, o que sus dependencias sean ubicadas cerca de éstas para garantizar la eliminación de barreras para el acceso a la justicia.

Finalmente, recomienda a la Dirección Nacional del IDIF que establezca políticas de priorización en los IDIF para la atención a pacientes víctimas de violencia sexual mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la acreditación de los laboratorios forenses a normas de calidad nacionales e internacionales; y al Ministerio de Salud, recomienda políticas de coordinación entre establecimientos de salud y el IDIF para la recolección de muestras y evidencias, y la homologación de certificados médicos en casos de víctimas de violencia.

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