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La expresidenta Jeanine Áñez fue aprehendida hace dos meses en Trinidad (Beni) y trasladada a La Paz, en un operativo policial. Dos días después, una jueza la envió a prisión preventiva por el lapso de seis meses, tiempo en el que las investigaciones no avanzaron, de acuerdo con Ariel Coronado, uno de los abogados que la asiste.

El jurista señaló que tras la detención de Áñez, la justicia se ha paralizado, puesto que no se ha registrado, según dijo, otro actuado o citación que permita esclarecer las acusaciones en su contra.

Áñez está detenida tras ser acusada de sedición y terrorismo por la forma en la que ascendió al poder, delitos que son investigados por la Fiscalía. “Todos saben lo que pasó en 2019 y por eso vemos que existen muchos criterios políticos en este proceso”, dijo Coronado, quien anticipó que presentará nuevas acciones legales para liberar a la exmandataria.

Por su lado, el exministro de Justicia Álvaro Coimbra emitió un pronunciamiento en el que sostiene que no existe ninguna prueba en su contra y acusa a la justicia de ser “vendida” y “corrupta”.

La exautoridad, que cumple también 60 días detenido junto al extitular de Energía, Rodrigo Guzmán, dijo desde sus redes sociales que “nada va a cambiar la verdad, en Bolivia el 2019”.

“Hubo fraude. Todos los que hoy cometen delitos, violando nuestros derechos humanos, más adelante serán juzgados. Espero que estén preparados”, afirmó.

El fiscal General del Estado fue funcionario vinculado a la Cancillería durante el gobierno de Evo Morales.

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