José Antonio Revilla: “Corrupta y servil, es la impresión que tiene el ciudadano sobre la justicia”

El magistrado departamental por Chuquisaca, José Antonio Revilla Martínez, presentó hace poco la segunda parte de un Glosario de Auto Supremos en Materia Laboral, conformado por resoluciones codificadas a las que un juez o abogado pueden acceder por medio de un código QR. En esta entrevista con EL DEBER, Revilla se refirió a la reforma judicial y situación actual de la justicia boliviana.


-     ¿Cómo evalúa la justicia?

La percepción ciudadana hace ver que el sistema judicial se encuentra en crisis y esto se refleja por las actividades jurisdiccionales que es quién da el rostro al sistema judicial. Una de ellas es la justicia penal donde se han visto aberraciones que solamente pueden ser explicadas por la corrupción de algunos jueces de materia penal.

Hay otras áreas con elementos criticables relacionados con la mora judicial y otros, donde el órgano judicial, pese a los vacíos en las vocalías, está realizando un trabajo efectivo. Dentro de la materia penal, por ejemplo, hay casos que han empañado y puesto a la justicia en el fondo para la percepción ciudadana.

-     ¿Cómo ve a estos jueces?

Me causa preocupación e indignación porque estos jueces que ponen en descrédito a todo el sistema judicial son menos que los buenos jueces, que son invisibilizados ante los escándalos de los funcionarios o jueces corruptos en todos los departamentos de Bolivia.Por eso decimos que la reforma judicial tiene que partir por la destitución de estos jueces que no están institucionalizados. No es posible que por algún error que puede ser subsanado en una audiencia de apelación se destituyan jueces, mientras que los que liberan ilegalmente a sentenciados sin derecho a indulto continúan en el cargo.

-     ¿Se tienen más jueces malos que jueces buenos?

Por experiencia propia, eso depende de cada departamento. Por lo general los jueces malos deben representar una ínfima parte del total, mientras que la otra gran parte la conforman jueces probos, con ética y entrega vocacional. Es lamentablemente que los fallos que son correctos y ajustados a Derecho nunca van a salir a la luz porque no son conflictivos.

-     ¿Cómo debe ser la reforma judicial?

Se está proponiendo una reforma a la justicia sin parcelas y sin atrincheramientos. Por ejemplo, no se pueden tener 60 jueces en materia laboral para más de 200.000 causas, tampoco se puede concebir contar con 100 jueces en materia penal para 500.000 procesos. Por eso la reforma judicial debe ser integral y no partir únicamente desde el Ejecutivo porque el Órgano Judicial no es su despacho.

Además, no se debe adoptar una reforma paliativa sino realizar un verdadero cambio judicial, donde sean jueces los que estén postulando al cargo y no los abogados que carezcan de trabajo, porque son los que peor imagen tienen. Tenemos una Escuela de Jueces que, lamentablemente, en su concepción se constituye como un centro de pregrado donde sus contenidos no van dimensionados a desarrollar aptitudes y habilidades del juez.

-     ¿Existe un sometimiento del poder Judicial al Ejecutivo?

Puede que existan. Hay más de 1.000 jueces en todo el país y pareciera que los grupos de presión, sean políticos, económicos o sociales, saben cuáles son los jueces vulnerables en acceder a algún tipo de presión. Lastimosamente esos jueces no deben estar ejerciendo y deben ser apartados de la función judicial.

-     ¿Qué implica que exista una justicia selectiva?

No puede haber eso, pero evidentemente se da en algunos departamentos que presentan un cierto grado de corrupción institucionalizada y donde salen a la luz los pactos económicos incumplidos por los operadores de justicia, poniendo a descrédito todo el sistema judicial boliviano. Pregunta a cualquier persona sobre su impresión del mismo y le dirá que es corrupto y servil, además de ser un instrumento de persecución política.

-     ¿Por dónde comenzaría el cambio a la justicia?

Evaluando a los jueces, algo que nunca se ha hecho a pesar de que el Consejo de la Judicatura debería hacerlo cada dos años. Existen jueces que copian sus resoluciones de otros departamentos sin siquiera tomarse la molestia de corregir y editar.

-     ¿Existe el número suficiente de defensores públicos?

Siempre hemos criticado que los defensores públicos son quienes se encuentran en su último año de titulación, por lo tanto no tienen experiencia profesional. Por eso pienso que deberíamos adoptar un sistema donde todos los abogados, por sorteo, sean defensores públicos y así no dejemos a los inválidos del sistema judicial en manos de personas que están haciendo sus primeras armas en el Derecho.

En algunos casos cobran a los litigantes o asesoran a la contraparte, por eso es importante que esto deba solucionarse con defensores renumerados por el Estado.

-     ¿Cuál es la diferencia entre el derecho justo y derecho correcto?

Hay un divorcio entre lo concebido por el legislador y lo que aplica el juez, por eso preferimos llamarlo derecho correcto que derecho justo, porque este último es cuando se refiere a un solo individuo y no hay una justicia para todos. En cambio, el derecho correcto es cuando el juez debe acomodarse a las circunstancias específicas de cada caso.

Lo que pretendemos como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es que de todos los modelos de jueces que existen se aplique la tendencia del juez Hermes (dios mitológico que orienta) quien aplica el derecho correcto porque a veces la norma es abstracta y no concibe las singularidades concretas de cada caso, por lo tanto, el derecho no pude permanecer estático.

PERFIL

José Antonio Revilla Martínez es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Del 2012 y 2016 fue presidente del TDJ de Chuquisaca. En 2017 fue elegido magistrado del TSJ.

La reforma judicial no debe partir únicamente desde el Ejecutivo; el Órgano Judicial no es su despacho”

En la justicia penal se ha visto aberraciones que solamente pueden ser explicadas por la corrupción”

Pareciera que los grupos de presión, sean políticos, económicos o sociales conocen a los jueces vulnerables”

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