José Luis Caballero, comisionado de la CIDH: “En Bolivia tiene que haber menos uso y abuso de la detención preventiva”
El organismo internacional finalmente presentó el informe sobre la visita ‘in loco' que realizó a Bolivia en marzo de 2023
El alto comisionado relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, señala que la reforma judicial es una de las principales necesidades que tiene que encarar el Estado. Lamenta el “uso y abuso” de la detención preventiva y ve también que el país sigue polarizado y conflictuado.
El comisionado también hace énfasis en que en Bolivia es necesaria una reforma de la justicia, que el Estado garantice el derecho a la libertad de información, el respeto al trabajo de la prensa y que no se penalice. Caballero habló con EL DEBER.
¿Cómo percibe la CIDH a Bolivia después de su visita in loco de 2023?
La visita in loco fue la mirada de la CIDH sobre todo el gran aparato de reforma a partir de la Constitución de 2009, constatar los cambios en la división política administrativa del Estado, la situación de superar ese modelo que el propio Estado Plurinacional ha enfatizado de desmontar el aparato colonial por origen étnico racial, desmontar el aparato que ha establecido el patriarcado que se nos ha impuesto desde hace siglos y de avanzar en una política de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso lo tiene muy bien advertido el informe.
¿A qué se debe este comportamiento?
La polarización tiene que ver con el desacuerdo. A pesar de las transformaciones después de aprobar la Constitución con el referéndum, hay una reticencia para el reconocimiento del otro y esa reticencia es lo que provoca esta suspicacia y el apertrechamiento de los propios privilegios empresariales, políticos, raciales, de sexo, de masculinidad… lo que sea para impedir que el otro se haga presente y tenga un pie político puesto en el territorio público.
Eso es lo que ha advertido la Comisión y lo ve como una falla y un desafío enorme, por eso habla de cohesión social, porque la polarización es la antítesis, es lo antagónico a la cohesión social. Se agrava la conflictividad, la violencia, se violan derechos y con la polarización trae una suspicacia sobre las instituciones democráticas y por eso tiene que haber mucha claridad con los procesos constitucionales y su respeto.
En su visita in loco la CIDH se ha entrevistado con el gobernador Fernando Camacho, cuya familia dice que es un preso político. ¿Cómo refleja el informe este caso?
El informe de la CIDH no hace consideraciones de carácter individual. Eso que usted me narra significa que la Comisión Interamericana tiene que escuchar a todas las partes, tiene que escuchar a los liderazgos políticos, a las disidencias, a los actores de la sociedad civil, sobre todo a las víctimas y con esa escucha tiene que actuar y actuar con decisión en temas que pueden ser cómodos o incómodos para el Estado. Es un tema que tiene que ser llevar adelante la supervisión que tiene como mandato efectivamente en el sentido de que el Estado da su anuencia para la visita y da colaboración
Pero la mirada de la Comisión tiene que superar eso. Ahora, en esa escucha de todos los actores, la comisión hace una valoración sobre el sistema penal y en esa valoración lo que pretende la Comisión, claramente, es que se superen con márgenes de objetividad, de norma, de diseño institucional y de política pública, cualquier hecho que haga que las personas puedan estar en la cárcel indebidamente. Tiene que haber debido proceso, eso lo estamos diciendo claramente, tiene que haber menos uso y abuso de la detención preventiva, tiene que haber un recurso diferente al hacinamiento carcelario. Bolivia tiene que hacerle frente al gran problema del hacinamiento en las cárceles y a la operación criminar desde la cárcel. Eso sí tiene que hacer y en ese sentido, pues todas las personas tienen que tener condiciones en ese margen, claramente en el debido proceso y respeto a los derechos humanos.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el sistema judicial en Bolivia?, ¿necesita una reforma?
Es el tercer eje en el informe. El sistema de justicia, viendo todo lo que se dio en la Constitución en materia indígena, agroambiental, en el Tribunal Constitucional, se pueda avanzar en una reforma que ya se había advertido desde 2006 esta situación y que pueda lanzarse como una gran reforma judicial que tiene mucho desde la carrera, la selección, la asignación, hasta la impunidad ante violaciones de derechos humanos, hasta una política en la que todavía subsiste el punitivismo penal que es redituable en términos políticos pero que no responde a un estado constitucional ni democrático de derecho.
¿Esta reforma judicial pasaría por un cambio constitucional, por ejemplo, modificando la elección de magistrados?
Me parece saludable que haya debate sobre el modelo, pero lo que destaca el informe es fortalecer la carreta judicial y la Fiscalía. Es decir, si hay transitoriedad en los jueces y fiscales debe ser con gente solvente. Si hay una elección tiene que ser con gente solvente a partir de las bases de la convocatoria muy claramente explícitas y conforme a la Constitución. No hay en el informe una ruta que permita advertir que la Comisión quiere cambiar el modelo. No. Esa es una cuestión que está en el marco de la organización del Estado.
Lo que queremos nosotros es que conforme a ese modelo constitucional, que ocurran varias cosas, primero que se aplique y no deje a la gente en la indefensión, en la incertidumbre. Si Bolivia ya no quiere ese modelo, pues Bolivia tendrá que llevar adelante una reflexión, eso sí con participación de todos los sectores, con las mejores prácticas desde los estándares interamericanos, eso sí, con mucho respeto a los derechos humanos para cambiar y elegir otro modelo de designación judicial, pero ese es un asunto que está en manos de Bolivia. Lo que sí requiere la justicia es una reforma.
¿Qué vulneraciones al derecho a la información y contra el trabajo de la prensa ha identificado la CIDH en su visita in loco?
Tiene que ver con la prensa y con el gran ejercicio de la libertad de expresión. En el informe se ha identificado como una manera de proceder del Estado pero en las recomendaciones hay una muy importante que es que tiene que haber una información o una campaña del Estado para solicitar el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística. Es decir, tiene que haber un compromiso patente, claro, sin dudas sobre que el Estado pueda instar a la población a respetar a la prensa y que la prensa no sea objeto de descalificación, menos de persecución por su oficio. Tiene que haber un plan para que la prensa se pueda autorregular, fomentar los códigos de ética, la formación de consejos plurales que eso es muy importante, los sistemas de rectificación y respuesta.
Es decir, fomentar la autonomía de los medios de comunicación que aleje de cualquier intento de captura pero que favorezca más el derecho a la información. Eso es muy importante, la ley para garantizar el derecho a la información y también una campaña pública sobre el respeto a la independencia de la labor periodística. Cuidar la cobertura, eso ya está muy claro, en la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, no puede ser el arma penal a través de delitos, no puede ser un elemento para desincentivar el derecho a la libertad de expresión que tienen los medios, no se les puede estar imputando delitos ante el ejercicio de la prensa, esto es muy importante en lo que respecta a la labor periodística.
Y en lo que respecta a la expresión elevada de tono de la protesta social, la Comisión requiere, insta, que se dé la máxima garantía a la protesta social, claro, que sea pacífica, que no paralice a la sociedad, que no provoque lesiones a los derechos.
