El capitán Cristhian Augusto Rodríguez Silva, ex edecán del ministro de Gobierno, fue favortecido con arresto domicilario por el juez anticorrupción Juan José Quiroz, mientras la Fiscalía en su imputación reveló informes de policías sobre una presunta protección a redes del narcotráfico, dentro de las investigaciones por el caso de las 32 maletas que llegaron a Santa Cruz procedentes de Estados Unidos y que desparecieron de forma misteriosa.
El fiscal anticorrupción Gustavo Adolfo Ríos, que lleva las investigaciones con el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción Delcc, imputó al oficial por delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento, uso indebido de influencias y cohecho activo por considerar suficientes pruebas en su contra al no haber reportado información que recibió sobre la llegada de las 32 maletas con contenido desconocido.
El ex edecán fue presentado este martes ante el juez Quiroz por el fiscal Ríos y entre sus fundamentos presentó informes del teniente Marvin Manzaneda Rojas, enviados vía WhatsApp al capitán Cristhian Rodríguez, reportando el arribo de las 32 maletas. El juez Quiroz le concedió arresto domiciliario, arraigo, presentación una vez por semana a firmar a la Fiscalía y Bs 15.000 de fianza. Según el juez, el capitán acreditó tener trabajo y familia constituida.
Alerta de EE.UU.
El primer informe del teniente Manzaneda, en su condición de jefe de divisiones del departamento administrativo de la Felcn, fue el 10 de febrero del 2026 dirigido al director nacional de la Felcn coronel Franz Willian Cabrera.
Le informa que el 29 de noviembre del 2025, a las 13:27, vía Ilamada WhatsApp habla con Fernando Augusto Battaus, oficial de enlace de la Policía de Brasil, el cual refiere que cuatro personas estarían llegando de Estados Unidos, entre ellos la exdiputada Laura Rojas, dos menores y el uruguayo Gabriel Giuliano Leoni. Menciona que llegó un vuelo chárter con matrícula No N58JC desde EE.UU. presuntamente con maletas de dinero para pagar sustancias controladas, con destino a Santa Cruz, y que la información obtenida por el policía enlace de Brasil se la transmitieron desde la oficina de “H.S.I” de investigación de seguridad Nacional de EE.UU.
Manzaneda afirma que al recibir el informe y validar toda la información, pensó informar al jefe regional del Grupo Especial de Casos Especiales GICE - Oriente, coronel Roberto Carlos Quiroz Sandagorda. Sin embargo, consideró que no era de confianza por sus antecedentes y su entorno familiar, como su cuñado y suegra que tienen vínculos con el narcotráfico. Su suegra recién había sido secuestrada por narcotraficantes armados en un ajuste de cuentas. Por eso decidió comunicarse con Cristhian Rodríguez vía llamada WhatsApp, por ser ayudante del ministro de Gobierno y porque era instructor internacional antinarcóticos de Garras del Valor.
Fue el mismo 29 de noviembre, a las 15:21, que le informó al ex edecán sobre el ingreso de dicha aeronave, las personas y los presuntos propósitos, recalcándole que puede traer consecuencias debido a la relación que existía con el entonces gerente de BOA, solicitándole se puedan realizar las investigaciones transmitiéndole la información de la validación rápida y los datos proporcionados por el enlace de la Policía Federal.
$us 10.000 por avioneta
Otro de los informes que la Fiscalía presenta en su imputación refiere la cobertura para realizar vuelos de avionetas en la región del Beni. Por cada avioneta 10 mil dólares como pago de coberturas, para un total de 41 naves.
El teniente Marvin Manzaneda envió un informe al jefe nacional de la Felcn, coronel Franz William Cabrera, el 13 de febrero del 2026. Señala que “en fecha 21 de enero 2026 recibí una llamada por parte del capitán Cristhian Rodríguez Silva (Ayudante de Gobierno) en cual menciona el poder dar cobertura para la salida de aeronaves en el Departamento del Beni. Si bien no manifiesta que tiene que ver con sustancias controladas, pero no especifica los motivos para los cuales sean destinados los movimientos de esas aeronaves. También menciona cierta cantidad de dinero para dicho movimiento: 10.000 dólares por cada aeronave para un total de 41 aeronaves y que se presume tendría conocimiento el Ministro de Gobierno”.
Por el caso maletas desde el 20 de enero por orden de la justicia permanecen en la cárcel de Palmasola, el juez Hebert Zeballos Domínguez, los exfuncionarios judiciales Carlos Diego Nuberg Shirasawa, Vicki Ríos Ovando, el representante legal de la Empresa Ebose, Juan Carlos Espinoza Vaca, y la exdiputada Laura Rojas, mientras que el uruguayo Gabriel Giuliano Leoni está prófugo de la justicia y con orden de captura en 180 países.