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Desde las 16:00 del viernes hasta las 04:45 del domingo en la madrugada, Hugo Huacani, juez onceavo de instrucción en lo penal de La Paz, vivió 36 horas maratónicas. Pasó de ser aprehendido a ordenar cárcel para el exministro de Salud Marcelo Navajas y otros tres involucrados en el caso respiradores españoles.

Todo comenzó el viernes por la tarde, antes del inicio de la audiencia de medidas cautelares de cinco presuntos involucrados en la adquisición de los equipos. Antes de ingresar a su oficina, el administrador de justicia fue detenido por un subteniente de la Policía Boliviana y otros efectivos vestidos de civil.

Inmediatamente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sin mayores explicaciones, y elaboró en un papel, de forma manuscrita, una acción de libertad, que le fue aceptada por un juzgado de garantías constitucionales de El Alto, a las 03:00 del sábado.

En la mañana de ese día fue liberado, retornó a su domicilio y horas después, cerca de las 18:00, instaló, finalmente, la audiencia de medidas cautelares del caso respiradores, que se prolongó hasta las 04:45 del domingo en la madrugada.

En medio de todo eso, dos instancias, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, negaron estar detrás de la acción policial contra el juez. Recién el domingo por la tarde, y en medio de varios cuestionamientos, la dirección jurídica del Ministerio de Gobierno admitió la decisión, defendiendo la denuncia y la acción directa que derivó en la aprehensión de Huancani.

La situación ocasionó una reacción de la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió en la víspera que se investiguen las razones por las que fue aprehendido el juez, “con el propósito de evitar que estas acciones indebidas se repitan”.

La justificación

“La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, denunció la presunta comisión de delitos por parte de un juez por una posible parcialización en un caso de cesación de detención preventiva”, explica el pronunciamiento de la cartera de Gobierno

Reafirmando que se actuó ante un hecho en flagrancia, enfatizando que el procedimiento se realizó “en el marco de la legalidad” y haciendo referencia a un proceso por presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, debido a que el juez, presuntamente habría favorecido a la ex empleada del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, dentro de otro proceso.

Abogada desconfía

Rosario Canedo, abogada del exministro Navajas, expresó su sorpresa ante todo lo que vivió el juez del caso. Ella, primero, denunció que la audiencia del sábado se instaló sin que fueran notificados y considera que se aplica la “doctrina del terror” para lograr resultados rápidos en ese proceso.

“Yo creo que, a través de la implementación de la doctrina del terror, se trataba de atemorizar a la autoridad judicial. No había orden de aprehensión, era para causar miedo, para someterlo a alguna voluntad, pero fue total y absolutamente legal y sorprendente”, dijo la jurista en entrevista con radio Fides.