Un juez rechazó el pedido de prescripción que presentó el expresidente de Bolivia Luis Arce, quien está acusado por supuesta corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), por lo que deberá continuar en detención preventiva.
El acto judicial se desarrolló el viernes y fue conducido por el juez anticorrupción Román Castro, quien no valoró los argumentos presentados por Arce (2020-2025), según explicó este sábado a EFE su abogado Fernando Rivadeneyra.
"Nosotros tomamos esta decisión como una vulneración a las leyes, a la Constitución, a los preceptos instaurados en el bloque de convencionalidad (y) como una afrenta contra los derechos humanos", afirmó el jurista.
Rivadeneyra mencionó que el juez cometió un "exabrupto" y dictó un "fallo prevaricador" al supuestamente no considerar que la prescripción se aplica a partir de los ocho años del hecho y que, en el caso que afecta a Arce, "han pasado más de 16 años" desde algo que presuntamente ocurrió en 2009.
El abogado también acusó al juez de ejercer "la función de fiscal" y establecer el supuesto daño económico en más de 330 millones de bolivianos (54,1 millones de dólares, según el tipo de cambio de la época), cuando "el monto que se ha definido no superaba los 7 millones de bolivianos (1 millón de dólares)".
"Este juez no ha valorado estos aspectos y, en detrimento de los derechos de Luis Arce, ha determinado que se tiene que investigar sobre montos que no están directamente individualizados", explicó Rivadeneyra.
Arce, detenido preventivamente desde diciembre de 2025, es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por supuestamente autorizar desembolsos de recursos de un fondo de desarrollo a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
La defensa del expresidente señaló con anterioridad que la autorización de la transferencia de recursos se hizo en cumplimiento de una ley sobre el manejo de recursos del Estado y otra sobre el funcionamiento del fondo, por lo que él no podía oponerse al cumplimiento de normas aprobadas por el Parlamento de esa época.
La Fiscalía boliviana sostiene que el proceso contra Arce es por acciones que realizó como ministro y no como presidente, por lo que le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio especial de responsabilidades.
El exmandatario presentó varias solicitudes para obtener su libertad que le fueron negadas, mientras que en junio pasado su detención preventiva fue ampliada por cinco meses más, por lo que deberá permanecer recluido hasta noviembre.
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