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Un juez dispuso la detención domiciliaria de la esposa de Pedro Montenegro (boliviano acusado de narcotráfico y extraditado a Brasil), Jennifer Gutiérrez, de su abogado Rubén Salazar y de otros dos imputados por la presunta adulteración del Auto Supremo 075/2015 para favorecer al acusado de narcotráfico en 2015. La decisión se tomó casi dos años después de la imputación formal, y las constantes suspensiones de la audiencia cautelar.

Edward Gareca, abogado de la secretaraa de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sandra Mendívil, denunció una valoración defectuosa de las pruebas para disponer la detención domiciliaria de su defendida.

Señaló que, pese a la cantidad de pruebas ofrecidas, relacionada con el señalamiento de domicilio, trabajo y familia, el juez emitió una resolución “incongruente que viola el debido proceso en la valoración”.

“Para nosotros resultó una resolución muy gravosa en el sentido de la valoración que hemos realizado, porque la resolución es contradictoria. En el caso de mi cliente, logramos desvirtuar los riesgos procesales por los cuales la Fiscalía solicitó su detención preventiva, sobre todo en la averiguación de la verdad, y un arraigo natural”, sostuvo.

Este caso, sobre la supuesta alteración de un fallo del TSJ para favorecer a Pedro Montenegro, sigue en la fase preparatoria de juicio y durante estos casi dos años, al menos siete veces se suspendió la audiencia cautelar en la que debía definirse la situación jurídica de los imputados.

Además de la detención domiciliaria, el juez impuso para la esposa de Montenegro y los otros imputados el pago de una fianza económica y la presentación en la Fiscalía cada 15 días para los sindicados.

El abogado de la secretaria de Sala Plena, denunció que hubo un direccionamiento por parte del Ministerio Público de buscar culpables solamente en los niveles administrativos y no así en las autoridades judiciales que tuvieron que ver en este caso.

Gareca dijo que apeló la decisión del juzgador y confía en que los vocales, en la revisión revoquen la misma, luego de hacer una valoración más proba y apegada al derecho y a la Constitución. 

Señaló que el Ministerio Público, que pidió la detención preventiva para todos, también apeló la decisión del juez porque la considera una “valoración sesgada”.

“Estamos frente a un proceso que involucra a altas cabezas de un ámbito jurisdiccional y obviamente hay una forzada salida en cuanto a una resolución, son procesos que necesitan culpables, lamentablemente en este tipo de procesos siempre son culpables los inocentes y no los que realmente cometieron delitos están eximidos”, puntualizó.


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