Juez que liberó a asesino serial va preso por seis meses a San Pedro acusado de prevaricato
Los abogados de la defensa apelaron la decisión y pidieron comprender que el juez envió a muchos de los reos de San pedro con sus fallos
La audiencia cautelar del juez, Rafael Alcón duró casi ocho horas; la defensa dijo que su cliente no es adivino para saber que el asesino serial iba a cometer delitos y que dada su condición de salud y edad avanzada no debía ser encarcelado. Vanos fueron los pedidos, el juez Primero de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó seis meses de prisión para Alcón en el penal de San Pedro.
“Determina que por el momento el señor, Rafael Alcón Aliaga deberá defenderse con la medida extrema de detención preventiva por el lapso de seis meses. Esta detención preventiva deberá ser cumplida por el ahora imputado en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz”, dijo el juez después de casi ocho horas de audiencia cautelar.
Alcón se presentó a declarar ante la Felcc el viernes y rápidamente la Policía procedió a su aprehensión. Tres abogados salieron en defensa de este juez que tiene a su cargo el Juzgado Primero de Sentencia y que merced a esa posición dio libertad al condenado, Richard Choque Flores, quien luego cometería otros asesinatos y fue capturado la semana pasada.
La audiencia empezó a las 09:00 y concluyó cerca de las 17:00, en ese tiempo tanto la Fiscalía como la defensa tuvieron el tiempo suficiente para explayar sus argumentos. Así lo hicieron, los fiscales lanzaron todos los riesgos procesales sobre el acusado, en total fueron nueve riesgos procesales, desde el numeral 1 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal hasta el numeral 3 del artículo 235 de esta norma.
De acuerdo con los fiscales, el juez no podía haber modificado la condena de 30 años sin derecho a indulto de un reo por una detención domiciliaria, salvo que hubiera sido enfermedad terminal o que la edad del condenado no permita otra salida, algo que no se cumplía en el caso de Richard Choque Flores.
También acusaron al juez Alcon, que este nunca verificó los certificados médicos que presentó el reo condenado y que era su obligación certificar si los mismos tenían la validez necesaria. La ausencia de las partes, Fiscalía y víctima, también fue utilizada como cargo contra el magistrado.
El Ministerio Público alegó que, el acusado es juez y por tanto puede modificar las pruebas, puede influir en los testigos, tiene acceso a los documentos. No tiene familia, no tiene domicilio y pusieron en duda su profesión y cargo de juez.
La defensa
La defensa también hizo uso de todos los recursos y hablaron dos de los tres abogados, y descalificaron todas las acusaciones. Afirmaron que el juez recibe todos los documentos que son verificados por las partes y que existe personal de apoyo para esas labores.
También refirieron que los certificados médicos que presentó Richard Choque eran documentos del IDIF que es la instancia legal para emitir estos documentos, por tanto, no se podía dudar de los mismos.
Aseguraron que luego de la declaración de la resolución del 24 de diciembre, fecha en la que autorizó la salida del asesino serial, el expediente fue devuelto al juzgado titular de turno en la ciudad de El Alto, aunque este recién entró en funcionamiento dos semanas después ya que estaban en vacación judicial.
Los abogados defensores presentaron certificados médicos de su cliente quien tendría diabetes como enfermedad y más de 60 años; además dijeron que él al ser juez de sentencia, es responsable de que varios de los detenidos estén recluidos en las cárceles con sus fallos y por tanto existe un riesgo inminente sobre su vida.
Luego de las extensas explicaciones de las dos partes, el juez consideró que el magistrado debe estar detenido por el lapso de seis meses hasta que se realicen las investigaciones. Los abogados apelaron la decisión y debe ser decidida en otra audiencia.
