Juez reconoce que Édgar Salazar vulneró derechos de Amparo Carvajal y le prohíbe amedrentarla y hostigarla
La disputa por el inmueble de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en La Paz, lleva mes y medio
En la audiencia de acción de libertad de esta tarde, presentada por abogados de Amparo Carvajal, el juez dispuso que: "Édgar Salar Limachi se inhiba de realizar estos actos de amedrentamiento evocados por el accionante y se prohíbe continuar con este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra de la indicada ciudadana (Carvajal)".
El juez reconoció que Salazar vulneró los derechos de Carvajal.
Sin embargo, el magistrado indicó que no está entre sus competencias definir el ingreso al inmueble de la Av. 6 de Agosto, de la capital paceña, donde funciona la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), que fue tomada hace aproximadamente mes y medio, por la organización paralela, liderada por Salazar. Manifestó que existen otros mecanismos legales para ver el tema del avasallamiento, que aduce Carvajal.
La presidenta de la Apdh mantiene una vigilia en la terraza del inmueble en conflicto, donde ingresó subiendo una escalera, desde el exterior del edificio. Pasó la noche del martes en el lugar, y este miércoles denunció que tuvo una mala noche: “Muy mal porque (el otro grupo) sacó los altavoces de la Asamblea insultándome, (…) es un nivel bajísimo sus insultos, pero lo que más duele es la mentira (porque dicen) que les habría cortado el agua y que soy una asesina”.
El juez señaló que un médico de confianza y un psicólogo pueden ingresar a prestar atención requerida por Carvajal, considerando que se trata de una adulta mayor. Recordó que la Policía ya ha sido instruida, con anterioridad, para garantizar la salud y la vida de Carvajal.
Indicó además que Salazar no puede prohibir el uso de servicios, como el baño, a Carvajal. Dejó en claro que cualquier conflicto que exista entre ellos, deben resolverlo, y que él como autoridad no puede hacerlo, pues no le compete.
Similar fue la postura de Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, que indicó que las autoridades no pueden intervenir en el conflicto de la Apdhb porque es de “índole privado”.
El viceministro negó que el Gobierno nacional esté vinculado con el conflicto de la Apdhb.
Entretanto, a través de sus redes sociales, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, hizo un llamado a organismos internacionales que velan por los derechos humanos a que defiendan y protejan a Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb, que fue despojada de su sede, por una organización paralela, liderada por Édgar Salazar.
“Las agresiones a Amparo Carvajal por el gobierno del MAS han sido constantes y muestran la decisión de Arce de acallar cualquier voz que reclame por el respeto a la democracia y DDHH en Bolivia. Demando a los organismos internacionales y a las entidades que velan por los DDHH, que se sumen a la defensa y protección de la presidenta de la APDHB frente a esta nueva acometida”, fue el trino publicado por Mesa.
La tarde de este miércoles, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, visitó a Amparo Carvajal, quien mantiene una vigilia en la terraza del inmueble donde funciona la Apdhb, en la sede de Gobierno.
“La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento al conflicto realizando diferentes acciones como la gestión de atención médica, restablecimiento de servicios básicos y se envió notas de exhortación a los actores en disputa para la búsqueda de soluciones en el marco de sus estatutos orgánicos”, indica un boletín de esa institución.
El documento indica que la entidad solicitó el resguardo de los activistas que están tanto dentro como fuera del inmueble para evitar enfrentamientos o cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de estas personas.
Agresiones
La Asociación de Periodistas de La Paz emitió un pronunciamiento en el que demanda que se protejan los derechos de Carvajal, a quien reconoce como la legítima presidenta de la Apdh, y pide que se respete el trabajo de la prensa.
Lamentó que periodistas y fotoperiodistas que cubrían los enfrentamientos suscitados el martes, hubieran sido agredidos físicamente por “grupos cercanos al oficialismo”, que también intentaron robarles sus celulares. Denunciaron que, además, sus equipos de trabajo resultaron dañados.
Circula en redes sociales un video en el que una mujer -que supuestamente apoya a Carvajal- se refiere a otra con adjetivos peyorativos que, a decir de la ministra de Culturas, Sabina Orellana, son racistas y discriminatorios; por ello exigió a la Justicia actuar de oficio.
