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Ximena Palacios, juez 4to de instrucción en lo penal, dispuso que el abogado del Comité pro Santa Cruz, Jorge Valda, guarde detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, una fianza de Bs 100.000, marcado del biométrico en la Fiscalía una vez por semana y arraigo migratorio. Pero también señaló que el imputado debe asistir a la audiencia de acción de libertad que está pendiente en la ciudad de Santa Cruz, según informó la abogada, Paola Barriga.


“Está autorizado a viajar, la juez ha dispuesto que sea trasladado, aunque me parece que no podrá ser mañana por los trámites que se deben realizar. Se ha solicitado que hoy mismo se activen los documentos para la detención domiciliaria y Jorge Valda estaría en su domicilio hoy”, dijo la abogada defensora.


Tres horas duró la audiencia cautelar, los tres abogados del acusado intentaron desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía y recordaron que el mismo fiscal, César Choquehuanca, emitió una resolución de rechazo de este caso, en abril de este año, pero inexplicablemente fue reactivado en el mes de septiembre.


Los riesgos


Según los fiscales, Valda tiene facilidad para abandonar el país y respaldan sus afirmaciones en un informe de la Dirección Nacional de Migración que reportó tres viajes del abogado acusado entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 a Paraguay, Argentina y Colombia. Según los fiscales este reporte indica que Valda no tiene arraigo natural.


Asimismo, Choquehuanca cree que el acusado no observa la voluntad de someterse al caso porque visitó el portal digital del Sistema Judicial para hacer seguimiento de su situación pero nunca se presentó a declarar.


Sobre el riesgo de obstaculización, el fiscal César Choquehuanca dijo que existen muchos actos investigativos para establecer la culpabilidad del acusado, en el sistema bancario, Derechos Reales y Tránsito para investigar el dinero y los bienes que posee. Por tanto, considera que Valda puede interferir.


En la mañana de este domingo, el fiscal Choquehuanca no informó de la cantidad de bienes y el dinero que descubrió  la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pero dijo que hubo transacciones que no condicen con la actividad del acusado.