Juicio de privilegio contra Áñez enfrenta rechazo del procurador

El oficialismo, a través de la Procuraduría General del Estado (PGE), calificó de “nefasta y vulneratoria de la lógica jurídica” la determinación del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto que se declaró “incompetente” para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta, Jeanine Áñez, por la masacre de Senkata, en noviembre de 2019.

“Se realizarán las acciones necesarias para restablecer el principio de legalidad, el debido proceso y el postulado de juez natural en la tramitación de esta causa, que fue afectada por una decisión judicial nefasta y vulneratoria de la lógica jurídica, cuando en el mismo proceso ya el Juzgado Cautelar, Sala Penal Jerárquica y la Justicia Constitucional definieron la vía ordinaria de juzgamiento”, señaló parte del comunicado de la PGE.

Además, continúa el documento, exigieron a las autoridades iniciar acciones legales para revertir el fallo o, de ser necesario, activar procesos disciplinarios y judiciales contra los jueces de El Alto.

Hace un par de días, este tribunal alteño se declaró “incompetente” para procesar y juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta argumentando, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reconoció a Áñez como presidenta constitucional al remitirle leyes aprobadas para su promulgación; como la convocatoria a las elecciones generales en octubre de 2020.

El representante legal de Áñez, Alaín de Canedo, dijo que su defendida actualmente enfrenta nueve procesos que deben ir por la vía de juicios de responsabilidades porque son actos realizados durante el ejercicio de su presidencia.

“Vamos a pedir que todo este expediente pase del tribunal alteño al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se va a solicitar los mismo a las otras ocho instancias para que también pasen a juicios de responsabilidades”, explicó en una entrevista en EL DEBER Radio.

Por otro lado, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Ricardo Centellas, señaló que a la expresidenta Jeanine Áñez le corresponde un juicio de responsabilidades en lugar de un proceso ordinario.

“Para todo expresidente corresponde juicio de responsabilidades. Hay suficientes documentos para decir que ha sido reconocida (como presidenta)”, respondió el prelado en una entrevista con radio Libertad de Sucre.

En tanto, el expresidente y líder Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, escribió en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) que la decisión del tribunal alteño “abre la posibilidad de restablecer la justicia y la vigencia de la CPE (Constitución Política del Estado)” en el país.

“La decisión del Tribunal de Sentencia de El Alto en torno al juicio a la expresidenta Jeanine Áñez, abre la posibilidad de restablecer la justicia y la vigencia de la CPE que dispone juicio de responsabilidades para ex presidentes acusados”, puso Mesa.

Ayer la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo analizó si la expresidenta debe ser procesada en un juicio de responsabilidades. Al final no se logró un consenso y quienes deberán definir este debate serán los nuevos parlamentarios que integren esta comisión en el próximo periodo.

El presidente de la comisión, Luis Adolfo Flores, recordó que existen cuatro casos con requerimiento acusatorio contra Áñez: Senkata - Sacaba, Fondo Monetario Internacional, Fundempresa y por vulneración de derechos.

Sobre la razón para la declaratoria de incompetencia de parte del tribunal alteño, el constitucionalista Israel Quino manifestó que en una semana más, la CIDH recibirá al Estado boliviano para que le informen cuáles han sido los avances en cumplimiento a las recomendaciones del GIEI respecto a la crisis política de 2019.

“Si se la juzgara en la vía ordinaria, corresponde interpretar la vulneración de derechos y garantías procedimentales por las condiciones de privilegio que tiene cualquier gobernante que ejerza la presidencia independientemente de cómo ha delegado al poder, si llegó por la fuerza, por las armas, por autoproclamación. Por tanto, le correspondería cumplir el privilegio”, dijo el analista.

En tanto, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan dijo que los tres jueces técnicos del tribunal alteño han obrado como dice la Constitución y agregó que se puede presumir que los tres jueces no han querido involucrarse ante el conflicto político, en temas que le acarren responsabilidades posteriores en el futuro.

“Como ya no hay esa consistencia del MAS con sus dos tercios en la ALP, porque están divididos, los jueces y fiscales están temerosos porque todo lo que han actuado, sometiendo a procesos ordinarios, van a ser responsabilizados en su momento”.

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