Justicia alarga detención de Camacho tras cuatro meses sin avances en las pesquisas

Desde que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue recluido en el penal de Chonchocoro, la Fiscalía tenía cuatro meses para formalizar una acusación por “terrorismo”. Esas pesquisas no avanzaron y el Ministerio Público pidió seis meses más de reclusión y le sumó otros seis delitos. Ayer, el juez anticorrupción Helmer Laura ordenó que la autoridad cruceña permanezca en prisión, pero por cuatro meses. 

La decisión fue asumida luego de tres horas de audiencia virtual que fue presenciada por sus familiares y seguidores desde el atrio del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Camacho compareció desde el penal de Chonchocoro vestido con un saco plomo, camisa blanca y la banda de gobernador que lleva los colores de Santa Cruz. Esa imagen emocionó a su madre e hijos, mientras varios de sus seguidores reclamaron que sea liberado. 

La defensa de la autoridad señaló que hay motivaciones políticas para “perpetuar” la detención preventiva sin más pruebas. 

“Yo solo espero justicia, porque puedo estar más tiempo en la cárcel, pero el delito no va a ser mío, va a ser de quienes realmente están cometiendo el verdadero delito de tener a una persona ilegalmente detenida y que buscan ampliar esa sanción solo con fines políticos. Si no consigo justicia aquí, vendrá una justicia divina”, señaló el gobernador Camacho en sus alegatos previos al fallo emitido por la autoridad jurisdiccional.

El trámite de la ampliación de la detención se logró en menos de una semana. El viernes, la comisión de fiscales a cargo de Omar Mejillones presentó la nueva ampliación con seis delitos y el lunes el juez convocó a la audiencia que se desarrolló ayer. Todo esto vinculado al caso ‘Golpe I’ que tiene que ver con las circunstancias en las que Evo Morales renunció a la Presidencia del país tras las elecciones de 2019. El exmandatario aún no declaró en este caso.

El juez Huerta aceptó que la Fiscalía investigue a Camacho, además de terrorismo por los cargos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación publica a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de servicios públicos”.

Estos extremos pudieron haberse cometido durante las protestas de 2019 previas a la dimisión de Morales y a una declaración que formuló Camacho cuando era presidente del Comité pro Santa Cruz. Respecto a estas evidencias no se realizaron mayores avances, según hizo notar Martín Camacho, abogado de la autoridad.

“Hay un afán de mantenerlo privado ilegalmente de libertad de manera indefinida”, reclamó.

La primera detención preventiva dictaminada a finales de diciembre contra Camacho vence este 30 de abril. La Fiscalía ya pidió una ampliación de seis meses, pero eso fue denegado en febrero. Ahora, con la nueva acción legal, aceptada por el juez, la Fiscalía debería formular una acusación formal hasta fines de agosto. 

Pero hay más procesos contra el gobernador. La semana pasada, pero en otro caso, el juez Primo Flores intentó llevar adelante una audiencia cautelar con un pedido de seis meses de prisión preventiva. Esa vista judicial se postergó hasta mayo, pero será con otra autoridad judicial porque Flores fue recusado por la defensa. Este proceso tiene que ver con la compra, supuestamente irregular, de un carro bombero para Santa Cruz.

Luis Fernando Camacho también fue imputado por el caso ‘decretazo’ y la Fiscalía también pidió 180 días de prisión, pero en el penal de Palmasola, Santa Cruz.

Otro cargo por terrorismo. La Fiscalía imputó por este delito y otros nueve tipos penales, incluido racismo y resoluciones contrarias a la ley, al gobernador de Camacho. Los delitos tienen que ver con la denuncia que formuló el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Marcelo Mayta. A la querella se sumó el Consejo de Ayllus y Marcas del Qollasuyo y el Viceministerio de Transparencia que depende del Ministerio de Justicia.

El 28 de diciembre, cuando Camacho fue capturado estalló una manifestación con incidentes en el Aeropuerto de Viru Viru. Por este caso, la Fiscalía activó un proceso y demandó unas 10 autoridades regionales y legisladores de oposición. “Hemos recibido el desdoblamiento de imágenes y videos emergentes del órgano investigativo, que es la Policía y ha sugerido la investigación contra distintas personas que, inicialmente, se han logrado individualizar en estos videos”, informó el fiscal Osvaldo Tejerina, quien dejó abierta la posibilidad de ampliar las citaciones porque, en un primer momento, “se individualizaron a 300 personas”.

El diputado Walthy Egüez (Creemos) se acogió a su derecho al silencio, lo mismo que la asambleísta, Paola Aguirre. “Esta es una oportunidad para mostrar nuestro compromiso”, afirmó.