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La justicia emitió un fallo el sábado que impide la detención de Evo Morales cuando retorne al país, posiblemente el próximo 11 de noviembre. La fecha fue mencionada ayer por el propio exmandatario, porque se cumple un año de su partida a México, después de que fuera acusado de impulsar un fraude en las elecciones de octubre de 2019, que provocó su renuncia al cargo.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), Jorge Quino, declaró que el juez Román Castro falló el sábado a favor de una acción de libertad presentada por la defensa de Morales que anuló el mandamiento de aprehensión en contra del exjefe de Estado.

Esta acción fue presentada a nombre del exmandatario, y el juez le concedió la tutela; es decir, la admitió porque en el análisis de los antecedentes vio que hubo vulneración a los derechos fundamentales de Evo Morales, básicamente el derecho a la defensa”, anunció.

El juez Castro es el mismo que el sábado también eliminó el mandamiento de aprehensión al exministro de Justicia Héctor Arce, por el caso del fraude electoral II.

Fuentes del Ministerio Público hicieron notar que el Poder Judicial había paralizado sus actividades durante la pandemia, no solo en la etapa de confinamiento rígido, sino en las siguientes fases, lo que ha demorado las investigaciones por terrorismo y por el fraude.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé calificó la audiencia de irregular, porque una vez se presenta la acción de libertad, deben citarse a las partes 24 horas después. Se recibió y se resolvió en un mismo día. “Esto muestra que la justicia es una vergüenza, hay un Gobierno electo y los jueces ya bailan a su ritmo”.

Jorge Quino atribuyó el fallo a los errores de procedimiento de la Fiscalía. Afirmó que al exmandatario “se le habría citado por edictos, cuando los fiscales tenían conocimiento de que el señor vivía en Argentina. Explicó que el mecanismo de los edictos procede solo cuando la persona está en el país. Por eso, dejó sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión.

Sin embargo, cuando la red Unitel preguntó a Quino por cuál caso era liberado Morales, el presidente del Tribunal de La Paz sorprendió con su respuesta: “Desconozco, solamente se me informó del resultado de esta acción de libertad que se trató en una audiencia, el sábado”.

Para hoy estaba prevista una audiencia por el caso terrorismo, en el que el exmandatario ordenó que no dejen pasar comida a las ciudades al dirigente Faustino Yucra, pero quedó suspendida.

Quino volvió a señalar que desconoce los antecedentes, y pidió que se derive la pregunta a los abogados o a los fiscales. “Es una determinación de tipo jurisdiccional, los jueces son autónomos en el ejercicio de sus funciones”.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, explicó que tanto la audiencia de Morales como la de su exministro Arce Zaconeta son acciones constitucionales interpuestas por la defensa de ambas personas. “Entiendo que se dejó sin efecto la notificación mediante edictos que se ha realizado, y la determinación del juez pone como requisito que se debe realizar a través de cooperación internacional”.

Se anuló el mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales y la suspensión de la audiencia prevista para este martes.

El caso está basado en la grabación presentada el año pasado, en la que se escucha una conversación telefónica en la que Morales instruye a Yucra, quien está con detención preventiva por los delitos de sedición y terrorismo, el bloqueo de carreteras hasta dejar sin alimentos a las ciudades, en un intento por aplacar las protestas en todo el país, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, por las sospechas de fraude en las elecciones de 2019.

Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre y se refugió en México; después, en diciembre, viajó a Argentina, donde se encuentra con refugio político.

La investigación por sedición y terrorismo fue el más avanzado de los procesos abiertos en contra de Morales, el único del cual se conocía una orden de aprehensión.

El MAS, la Defensoría del Pueblo y grupos internacionales, como Human Rights Watch, calificaron este proceso como persecución política.

El fiscal departamental reiteró que ambos casos provienen de una acción de libertad, que es constitucional, así que no tiene opción de apelación. Explicó que ahora corresponde presentar una consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero mientras eso ocurre y esa instancia superior realiza la evaluación del caso, tanto Arce como Morales no pueden ser detenidos.

“En el Ministerio Público siempre actuamos en el marco de la legalidad y de la objetividad. Nos regimos en esto, vamos a obedecer las decisiones constitucionales, pero también debemos continuar con las investigaciones en todos los casos”, dijo el fiscal Cossío.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que si Evo Morales vuelve al país será “el principio del fracaso de este nuevo Gobierno, porque va a querer él gobernar. De nuevo encontraremos una Bolivia complicada y confundida. Morales ya está metiendo presión desde afuera para tratar de ser él quien gobierne”, señaló

Sugirió que Luis Arce y David Choquehuanca deben dejar claro que ellos son los que ganaron las elecciones del domingo 18 de octubre. La autoridad añadió que el desafío del nuevo Gobierno consiste en empezar a cumplir la ley, respetar a la Policía, a las Fuerzas Armadas y permitir el trabajo de los medios de comunicación.

Desde Argentina, Morales dijo en una entrevista con la radio Kawsachun Coca, del trópico de Cochabamba, que Arturo Murillo fue el jefe de campaña del MAS y los resultados de las elecciones mostraron que la población apoya el proceso de cambio. Respecto a la fecha de su retorno a Bolivia, el expresidente dijo que “muchos están sugiriendo que sea el 11 de noviembre”, exactamente un año después de que dejara el país.