Justicia anula preselección de magistrados y sospechan que el Gobierno está detrás

La Sala Constitucional Primera de Beni dejó sin efecto la convocatoria pública de preselección de candidatos a magistrados hasta que la Asamblea Legislativa subsane un requisito vinculado a la libertad de expresión, con un nuevo reglamento y definiendo nuevos plazos. 

El MAS, el Gobierno y la oposición identificaron a múltiples “responsables” de querer demorar las Elecciones Judiciales por supuestos intereses políticos y personales de ciudadanos y autoridades. La mayor sospecha se enfocó hacia el Ejecutivo, que ya negó su “participación".

“Conceder la tutela solicitada y en consecuencia se dispone: primero, inaplicar el requisito común de no haber expresado postura política de manera pública contenido el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por ser manifiestamente contrario a la norma constitucional”, señala la primera parte del fallo constitucional.

El abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz había presentado un amparo constitucional el 10 de abril, observando el punto 16 de los requisitos comunes para los candidatos a magistrados. Esta exigencia pedía a los candidatos no haber realizado ninguna declaración política a lo largo de su vida y debían certificar ese requisito con una declaración jurada ante un notario de fe pública.

Sobre el punto, el Tribunal de Garantías decidió “dejar sin efecto la convocatoria pública para la selección de candidatos en tanto se subsane el requisito contenido en el reglamento identificado, debiendo la Asamblea Legislativa elaborar nuevo reglamento y establecer plazos”, declaró el presidente de esta sala, según el despacho del portal Informe Exclusivo.

Ahora, de acuerdo al reglamento constitucional, este fallo debe ir en revisión a la máxima instancia que es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre que también deberá decidir sobre otros cuatro amparos que se presentaron hasta ayer, jueves.

Por ejemplo, en Sucre, el magistrado, Olvis Égüez, presentó un amparo en contra del reglamento, objetando el parentesco de los candidatos con autoridades electas o designadas. El magistrado sería familiar de un diputado de oposición.

Aún se desconocen los otros recursos y los argumentos presentados por los demandantes. El diputado del ala arcista del MAS, Juan José Jáuregui, no descartó que se presenten más amparos debido el alto grado de interés en frenar el cambio de magistrados por parte de “algunos ciudadanos y algunas autoridades”.

“Se están instrumentalizando mecanismos de defensa ante la vulneración de derechos fundamentales con objetivos políticos para poder dilatar la renovación de estos altos tribunales, que involucran una serie de responsabilidades e intereses que también podrían estar en juego y tengan plena seguridad de que van a emerger otros recursos”, manifestó el parlamentario.

Para Jáuregui, la sola decisión del Tribunal de Garantías del Beni de paralizar el proceso de preselección es “anómala”. También observó que no se haya notificado a las comisiones de Constitución como terceros interesados para la audiencia realizada ayer jueves. Adelantó que esto provocará ajustes en la convocatoria que vencía este sábado 15 de abril.

El freno a la fase de postulaciones de las altas autoridades al Órgano Judicial provocó otras acusaciones. El bloque de evistas apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, de estar detrás del amparo constitucional presentado en Beni para designar a los jueces por decreto.

“Esperemos que no esté el ministro Iván Lima detrás de esto. Aunque personalmente sospecho. ¿A qué están apuntando ellos? Están apostando a una designación de magistrados por decreto y esta Asamblea Legislativa no va a permitir que se haga aquello”, advirtió el parlamentario Gualberto Arispe.

Para Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, el Gobierno necesitaba un “salvavidas” para ampliar los plazos de la convocatoria de preselección. El jefe de bancada de esa alianza, Enrique Urquidi, dijo que este recurso es una “tramoya pactada” entre el Órgano Judicial manejado por el MAS y el Órgano Ejecutivo ante la falta de postulantes y porque el MAS no tiene los dos tercios para aprobar las ternas de candidatos.

Lima respondió, por consulta de los periodistas, a las alusiones de los evistas y dijo que “de ninguna manera el Ministerio de Justicia y el ministro puede intervenir en una acción de amparo constitucional” y que el Ejecutivo garantiza las Judiciales a través del presupuesto de Bs 183 millones que ya está acordado.

Erwin Bazán, de Creemos, consideró que estas demoras a la preselección se deben a disputas internas del MAS para tener el control político del Órgano Judicial. “El ala evista siente que están siendo desplazadas aquellas autoridades judiciales que responden a Evo Morales y desde el ala de Arce lo que quieren es barrer con esas autoridades”, aseguró.

Preocupación por los plazos

El ministro Lima agregó que esta situación provoca una “grave preocupación” en el Gobierno ya que podría haber desfases en el calendario electoral de los comicios judiciales a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, según la norma, deberá publicar el cronograma y la convocatoria a elecciones hasta el 22 de abril.

La vocal Dina Chuquimia en contacto con EL DEBER informó que la mañana de ayer la sala plena del TSE se reunió para analizar los posibles escenarios que causaría un fallo del Tribunal de Garantías a favor de algún ciudadano demandante. Las autoridades electorales llegaron a la conclusión que la fase de preselección es neta responsabilidad del Legislativo, por tanto, como TSE continuarán organizando las Elecciones Judiciales.

“En este momento la preselección está en la cancha de la Asamblea. El TSE no tiene mayor competencia y continuamos con las actividades correspondientes en el proceso de planificación del proceso electoral de alcance nacional”, explicó.

Sobre la planificación dijo que se mantiene “incólume”, es decir que no ha sufrido daños y ratificó que “estamos en los tiempos prudentes que nos manda la normativa electoral que rige este proceso”.

Chuquimia informó que el calendario electoral será tratado la siguiente semana con los presidentes de los nueve tribunales electorales departamentales en un encuentro para definir las fechas y tareas. Ante la consulta, si se emitirán la convocatoria a elecciones este 22 de abril dijo que aún está siendo analizada por la sala plena.