El recurso se presentó luego de que el ministro de Gobierno publicara imágenes de su encierro en Chonchocoro.

24 de enero de 2023, 12:37 PM
24 de enero de 2023, 12:37 PM

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegó este martes, 24 de enero, la acción de protección de privacidad presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y otras dos autoridades por la difusión de una imagen suya en el penal de Chonchocoro.

“Lastimosamente la acción fue denegada en el criterio de que debía acudirse a una autoridad con anterioridad; sin embargo, la preminencia del tiempo y la forma en que se publicó y se hizo tan masiva daba para aplicar a una acción directa y cautelar”, explicó el abogado del gobernador, Juan Carlos Camacho, a los medios de comunicación.

No obstante, el jurista indicó que se espera la palabra final del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre.

Además del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la denuncia implicaba al director general de Régimen Penitenciario y el gobernador de la cárcel de Chonchocoro y se fundamenta en la vulneración del derecho a la dignidad humana tras la difusión de fotografías de Luis Fernando Camacho en el interior de su celda en la cárcel mientras recibía atención médica.

La imagen fue mostrada por el ministro Del Castillo en una conferencia de prensa ofrecida el 5 de enero. En esa oportunidad, trató de explicar las atenciones que recibía el gobernador y un adecuado tratamiento médico.

En su momento, Del Castillo justificó la acción, argumentando que pretendía desvirtuar las mentiras sobre supuestas vulneraciones de los derechos de Camacho, pretendiendo demostrar que goza de todas las condiciones e incluso privilegios dentro del penal. Sin embargo, luego las fotografías y el video de la conferencia fueron eliminados de redes sociales.

Pese a que no se logró el resultado esperado, la defensa de Camacho asegura que se pudo sentar un precedente, ya que ahora las autoridades de Gobierno tendrán más cuidado al momento de fotografiar o publicar imágenes sin consentimiento de los privados de libertad.