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Las Fuerzas Armadas se ampararon en el secreto militar para no revelar el Plan de Operaciones aplicado durante los disturbios en Senkata, Sacaba y Yapacaní, a finales del año pasado. Pero la justicia levantó esa condición y la comisión de fiscales que investiga las muertes de al menos 32 personas, exigió la entrega de dicho plan para poder esclarecer esos hechos.

Así lo informó este miércoles, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ante la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa, por los sucesos mencionados.

“Se ha solicitado el Plan de Operaciones a través de la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, al interior de las FFAA argumentan que esa información es ‘secreto militar’ amparado en la Ley Orgánica de la institución castrense. No obstante, el juez ha dispuesto el levantamiento del secreto militar y  ordenado la remisión del documento”, manifestó el Fiscal General.

Lamentó haber constatado una actitud renuente por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, para dar cumplimiento a la orden judicial, porque hasta ahora no se ha entregado la documentación.

Lanchipa señaló que el Ministerio Público aguarda que las FFAA remitan el Plan que ejecutaron, durante los meses de octubre y noviembre de 2019, para poder esclarecer y dar con los responsables materiales e intelectuales de las muertes y heridos durante ese periodo, a consecuencia de impactos de armas de fuego.

Hasta la fecha, la investigación de estos casos se desarrolla sobre la base de la información proporcionada por personas civiles. Al momento de realizar las autopsias de los cuerpos, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) pudo establecer que la causa de las muertes de las víctimas, fueron por impacto de proyectil de arma de fuego, recordó el Fiscal General.

Se han colectado proyectiles que fueron sometidos a pericias y es necesario realizar la comparación con el armamento utilizado entonces por las FFAA”, explicó, según un comunicado oficial de la Fiscalía General.

Las muertes

En noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo cifró en 32 el número de muertos a causa de la ola de violencia desatada en todo el país, luego de las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado y la posterior renuncia del Presidente Evo Morales.

La Defensoría confirmó la existencia de ocho personas fallecidas tras el operativo policial-militar en el sector de la planta de Senkata, en El Alto, donde se realizaba un bloqueo de personas supuestamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que había ocasionado escasez de combustible en El Alto y La Paz.