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El vocal de la Sala Penal Segunda, Willy Arias, confirmó la apelación del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y resolvió revocar la detención domiciliaria de Edith C. A., la trabajadora del hogar del exministro Juan Ramón Quintana, que es procesada por encubrimiento y tenencia ilícita de un arma.

Las medidas sustitutivas fueron otorgadas por el juez Hugo Huacani e incurren en tres irregularidades. Ese mismo administrador de justicia realizó actuados en el caso de los respiradores españoles.

“El día de ayer, 10 de junio, el vocal Arias ha dado por hecho nuestra apelación, en el sentido de que el juez Huacani no ha tenido la razonabilidad y el juicio que implica una resolución de estas características, eso es lo que nosotros hemos ido a refutar, que el juez dejó en indefensión a las partes acusadoras sin un fundamento sólido y sin considerar la situación excepcional que vive nuestro país con su determinación”, informó el jefe de Procesamiento Penal del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Luis Choque.

En el allanamiento a la casa de Quintana, del 10 de enero, se encontró a Edith C. A. en posesión de un arma de fuego cuyo calibre coincidió con las municiones halladas en otra vivienda del exministro de Evo Morales, en diciembre de 2019.

Entonces el Ministerio Público aprehendió a la mujer y presentó una imputación formal por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de arma de fuego. Por obstaculización y riesgo de fuga, el juez impuso en una primera instancia su detención preventiva por un lapso de cuatro meses en el centro penitenciario de Obrajes, en La Paz. En mayo, la acusada solicitó su cesación en razón de que ese tiempo concluyó.

Fue así que el juez Huacani le otorgó las medidas sustitutivas consistentes en la detención domiciliaria bajo los argumentos de que ella no sería la causante de la falta de avances en los actos investigativos y que existe una duda a favor de ella, detalló Choque. “Obviamente esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y nosotros como Viceministerio de Transparencia”, añadió.

Choque resaltó que en la decisión de Huacani se identificaron tres irregularidades: no considerar la suspensión de los plazos procesales por la emergencia sanitaria en el país a causa del Covid-19, no considerar la imposibilidad del Ministerio Público para desarrollar los actos investigativos por esa circunstancia y la indefensión en la que dejó a las partes acusadoras con su determinación sin fundamento sólido. La audiencia que revocó las medidas sustitutivas de Edith C. A. se llevó a cabo ayer de forma virtual.