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En junio de este año, Eidy Roca, exministra de Salud, reveló que no recibe tratamiento médico post-coronavirus porque la justicia no se lo permite. En las últimas horas le fue negada una nueva solicitud para tratar las complicaciones que padece y que no pueden tratarse debido a que guarda arresto domiciliario por una investigación que hay en su contra por la compra con supuesto sobreprecio de respiradores que se adquirieron durante la administración de la presidenta Jeanine Áñez.

"No se puede devaluar tanto la justicia en Bolivia cuando se recurre a todo tipo de chicanas para negar un derecho fundamental como es la salud y la defensa de la vida. Hoy me fue denegada la acción de libertad en audiencia para solicitar el permiso para atención médica de rehabilitación y control de las secuelas y complicaciones que padezco", lamentó la extitular de la cartera de Salud.

Según se testimonio, le han puesto trabas como la falta de especificaciones a los riesgos de su salud y falta de documentos que han sido presentados en el plazo que corresponde.

"Ya estoy privada de libertad con detención domiciliaria y sin derecho al trabajo por delitos que se me acusan y que no cometí; si velar por la salud de los bolivianos y actuar en consecuencia es un delito, vivimos en una decadencia moral y humana llevada al extremo", apuntó Roca.

En este sentido pidió a la actual administración estatal y del sistema judicial que no se violen sus derechos, puesto que el pedido de la exministra se centra en recibir atención médica, rehabilitación física y control de las enfermedades crónicas que padece.

​​Según la Constitución Política del Estado (CPE), todas las personas tienen derecho a la salud y el Estado debe garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.​​​

"Apelo a su conciencia y a la aplicación del principio inviolable del derecho a la salud y la vida. Dios guíe y redarguya los corazones y las conciencias de los administradores de justicia", concluyó la exministra.

Roca permanece en su casa con medidas cautelares desde abril de este año, las cuales impiden asistir a un centro médico y recibir la atención necesaria para paliar las secuelas del Covid-19. Asegura que el gobierno no cuenta con pruebas inculpatorias contra ella, pero que permanece procesada como parte de una disputa política que apunta contra la expresidenta Jeanine Áñez.

La exautoridad presenta dificultades respiratorias, lesiones neurológicas que afectan la función de deglución y de articular las palabras con las dificultades lógicas para expresarse normalmente, así como disminución de la coordinación de los movimientos.


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