Justicia niega libertad a Áñez y le amplía detención por tres meses dentro el caso ‘golpe I’
El caso ‘golpe I’ está paralizado porque los delitos de terrorismo y conspiración están en consulta ante el TCP
El Juzgado Décimo de Instrucción Penal de La Paz amplió en otros tres meses la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de terrorismo, sedición y conspiración, dentro del caso conocido como ‘golpe I’. La resolución fue dictada en medio de una presión para que la exautoridad salga de su reclusión.
Para la defensa, la Fiscalía no pudo sustentar la comisión de los delitos por los que se acusa a su cliente. Ratificaron que en noviembre de 2019 hubo una sucesión constitucional, que posteriormente fue avalada por la comunidad internacional, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el propio MAS, que a través de una Ley aceptó prorrogar a sus legisladores y a todas las autoridades subnacionales.
Sin embargo, los argumentos fueron vanos y como ocurrió en más de 20 oportunidades, el fallo salió en contra de la exmandataria y los abogados plantearon de inmediato la apelación a la decisión judicial.
Jeanine Áñez, Álvaro Coimbra, Álvaro Guzmán y otros nueve jefes militares y policiales, además de otros exministros de Áñez están incluidos en este caso.
Los abogados de la parte denunciante arguyeron que no se logró la comparecencia de varios implicados, como los exministros de Defensa Fernando López; de Gobierno Arturo Murillo; los excomandantes de la Policía Yuri Calderón y de las FFAA, Williams Kaliman, quienes están prófugos del país.
Los apoderados del Ministerio de Gobierno también manifestaron que hasta el momento no se han terminado de ejecutar las órdenes de requisado de los teléfonos celulares de los implicados.
La Fiscalía afirmó que aún faltan varias acciones investigativas y solicitó cuatro meses adicionales de reclusión y el juez les otorgó tres.
Paralizado
Sin embargo, este caso está paralizado porque los delitos de terrorismo y conspiración están en consulta en el TCP por pedido de los organismos vigilantes de los derechos humanos que consideran que esos dos delitos son ambiguos y que se utilizan para la persecución política.
La Asamblea Plurinacional, envió una consulta al ente constitucional a fines de 2021 y hasta el momento no hubo un pronunciamiento de los magistrados. Por esa razón el caso no avanza y tampoco se realizó acciones para buscar a los que fugaron del país.
