Justicia ordena detención domiciliaria para pareja que supuestamente 'compró' y abusó de una menor
El miércoles 20 de noviembre, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía se rescató a una joven, de 26 años, víctima de trata de personas
El juez de La Paz, Helmer Laura Picavia, favoreció con detención domiciliaria a la pareja sindicada de 'comprar' a una menor y explotarla sexualmente durante 10 años, denunció este viernes el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sosa.
“Es frustrante para la Policía Boliviana, ya que no se tiene el acompañamiento de los administradores de justicia, en este caso, el juez Helmer Laura que ha determinado simplemente una detención domiciliaria en contra de esas personas”, lamentó el jefe policial.
El miércoles 20 de noviembre, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, se rescató a una joven de 26 años víctima de trata de personas, quien fue vendida por su padre, a sus 16 años, a una pareja que la sometió a maltratos físicos, psicológicos y abusos sexuales durante una década.
Fue la madre de la víctima quien denunció el caso y la Policía localizó el domicilio, ubicado en la zona de Cota Cota (La Paz), donde la joven estaba retenida en contra de su voluntad. Ante los indicios del crimen, se aprehendió a Julio C. S. H., de 38 años, y Delma P. L. P., de 39 años, quienes son investigados por el delito de trata de personas y otros.
“No solamente estamos hablando de explotación laboral, estamos hablando de privación de libertad, es un delito de trata de personas, porque se configura todos los elementos para poder tener este hecho; sin embargo, también estamos viendo la posibilidad de ampliar esta imputación por abuso sexual o posiblemente acoso sexual”, explicó Sosa.
Lamentó que, la audiencia de los investigados se desarrollara la noche del jueves y que el juez emitier su resolución pasadas las 22:30 para evitar el control social o el seguimiento de los medios al caso.
“Estamos seguros que podrían defenderse en libertad, pero necesitamos asegurar la presencia de estas personas en un juicio y poder sancionar efectivamente este hecho”, remarcó.