La agenda anticrisis de Arce tropieza en el Legislativo y rebota otra vez en el TSE
El presidente propuso una consulta para desactivar de manera progresiva la subvención a los carburantes y sus aliados se movilizaron para destrabar los créditos en el Legislativo. Ninguna de esas dos iniciativas prosperó en medio de los incendios
Fue en abril. Algunos ministros y líderes sociales enarbolaron entonces la posible repostulación de Luis Arce para su reelección en 2025. De eso ya nadie se anima a hablar hoy porque en el mercado interno no hay suficiente diésel ni dólares. La sensación es de crisis.
Ante este escenario, el presidente propuso una hoja de ruta; una agenda política que no prosperó. El Legislativo no “liberó” todos los dólares reclamados por Arce y que corresponden a un paquete de algo más de $us 1.000 millones contratados como préstamos de entidades internacionales, a pesar de la vigilia que los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores afines al oficialismo instalaron en frente al viejo edificio del Congreso.
Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por tercera vez las preguntas del referéndum que pretendía eliminar progresivamente la subvención de los hidrocarburos, una de las causas que agravan la carencia de divisas en país. También incorporó una pregunta para cerrar la posibilidad a la reelección presidencial, incluso “discontinúa” con miras a sacar a Evo Morales como contendiente.
El principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció que mantendrá la vigilia, aunque esta vez moduló las demandas de su sector. Dijo que “no obligará” a los legisladores a aprobar los préstamos contratados por Arce y dijo que la movilización también presionará para que se validen los ajustes al sistema de pensiones.
“El pedido de créditos que hemos hecho es de aquellos que ya tienen justificación, por ejemplo, carreteras; aprueben esos créditos”, mencionó a los periodistas tras reunirse con el diputado Jerges Mercado, el jefe de la bancada de la facción arcista del MAS. Al momento de brindar esa declaración, Huarachi ya no estaba con su tradicional guardatojo minero con el que comparece en público y en sus reuniones con los afiliados obreros y de otros sectores.
Agregó que los parlamentarios toman sus decisiones. “Tampoco hemos venido a obligarlos o a imponerlos”. “También hay que aclarar que el pedido mayor que tiene la COB es (la aprobación) de los proyectos de leyes sociales (…) y ahí sí vamos a obligar”, sostuvo.
Su declaración contrasta con las amenazas que hizo el lunes pasado, cuando la sede de la COB había sido tomada por seguidores del expresidente Evo Morales.
“No vamos a parar compañeros (...) Si no quieren legislar que asuman sus suplentes y si no quieren los suplentes vamos a plantear cierre del Parlamento”, dijo Huarachi el lunes un día antes de la marcha que protagonizaron los afiliados a la COB y miembros de otros sectores del oficialismo.
La marcha, que comenzó en El Alto, llegó a la Plaza Murillo, uno de los sitios más resguardados del país, donde hubo enfrentamientos violentos con funcionarios y dirigentes próximos a Evo Morales.
La vigilia se instaló desde entonces con apoyo logístico del Gobierno. Se instaron baños químicos y un tanque de agua, todo bajo resguardo policial. Para la vigilia, los manifestantes instalaron carpas en las puertas del viejo edificio del Legislativo y en la Catedral Metropolitana de La Paz.
El viernes, la cantidad de manifestantes se había reducido, pero no así las protestas de activistas que durante todas las noches rodearon la Plaza Murillo para protestar por los incendios forestales.
A pesar de la vigilia, la Cámara de Diputados rechazó un crédito por $us 40 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable. “Nos sometemos a la democracia, pero nos vemos el martes nuevamente (17 de septiembre); vamos a seguir insistiendo para que las leyes que necesita el país sean aprobadas”, dijo el diputado Jerges Mercado.
La diputada Luisa Nayar de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) dijo que durante el debate que duró entre el jueves y viernes los legisladores afines a Arce pretendieron “instrumentalizar” la tragedia provocada por los incendios forestales en todo el país.
Aseguró que los intentaron “chantajear” para obligarlos a aprobar el millonario crédito con la condicionante de la “abrogación de una de las leyes incendiarias” que motivan las protestas de decenas de activistas en La Paz.
De hecho, una de esas protestas fue duramente reprimida por la Policía que cuida la Plaza Murillo y donde están los afiliados de la COB cumpliendo esa vigilia.
“Permiten y promueven un infierno en Bolivia. Encima reprimen violentamente la marcha pacífica contra ese horror. A un par de cuadras, esa Policía resguarda y protege el acoso a la Asamblea por aliados del gobierno. Los responsables tendrán que rendir cuentas”, afirmó la senadora Cecilia Requena (CC).
El referéndum no va
El presidente Luis Arce insistió esta semana con las preguntas vinculadas a la subvención del diésel y la gasolina, pero también a promover un ajuste constitucional para invalidad la reelección presidencial “continua” y discontinua. Esta última pregunta apuntó a las aspiraciones presidenciales de Evo Morales, proclamado como candidato.
“Puntualmente respecto a las preguntas una y dos que son las que refieren a la subvención de hidrocarburos, estas contienen términos abstractos e indeterminados, ya que no existe una certeza sobre la gradualidad que se está consultando; respecto a la pregunta tres, se está solicitando se pueda precisar el alcance legal de esta pregunta”, dijo el vicepresidente del TSE Francisco Vargas.
El TSE necesita al menos de 90 días para llevar adelante la consulta y ahora se encuentra cumpliendo el calendario con miras a las elecciones judiciales previstas para 1 de diciembre. Entre tanto, Evo Morales y sus seguidores marcharán a partir de este martes desde Caracollo, a 200 kilómetros de La Paz, para reclamar al TSE para que se reconozca a Evo como líder del MAS. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, descalificó la protesta y cuestionó los afanes electorales.