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El 1º de Mayo de 2020 encontró a la estructura laboral de Bolivia bajo un panorama sombrío por el peligro de cierre de miles de empresas, sobre todo del sector informal, como producto de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, lo cual amenaza con causar un elevado índice de desempleo que, según los expertos, tendrá desenlaces negativos en la población boliviana.

Por ejemplo, en la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), informaron que el 90% de las 700.000 unidades de producción (formales e informales) ha cerrado durante la cuarentena, lo que significa que, al menos 1,2 millones de trabajadores se han quedado sin empleos directos.

Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), no detalló el número de compañías que han capitulado, pero aseguró que hay muchas con la posibilidad de cerrarse y, consecuentemente, dejar en paro a bastante mano de obra.

Ante la emergencia, el Gobierno ha dado señales de apoyo al sector productivo con un paquete de medidas económicas para contener la recesión de la actividad comercial e industrial, como bonos familiares, flexibilización de pago de adeudos e impuestos, prohibición de corte de servicios básicos y créditos financieros.

No obstante, los microempresarios, los empresarios, medianos y grandes, y representantes de la fuerza laboral del país, creen que no es suficiente y esperan del Ejecutivo políticas de protección más firmes para recomponer las unidades de producción en un Estado célebre por su incapacidad para generar empleos.

“El 90% de las micro y pequeñas empresas están paralizadas. Solo un 10% está operando en los sectores textileros y de alimentos. En Santa Cruz, hemos perdido $us 100 millones en esta cuarentena. El impacto es adverso, porque muchos de nuestros empleados trabajan a destajo; es decir, producto acabado, producto pagado”, dijo Juan Carlos Vargas, secretario de relaciones de la Conamype presidida por Agustín Mamani.

Testimonio de costurera

María Eugenia Gabriel Gutiérrez, que tiene un pequeño taller de costura en el barrio El Fuerte, confeccionaba pantalones jean, camisas de trabajo, mochilas y otras indumentarias a pedido.

La paralización de las actividades por el confinamiento por el coronavirus paró en seco su producción y se vio obligada a cesar a dos jóvenes que trabajaban con ella. Ahora, con la ayuda de su marido y de su hija, ha dado un giro y están sobreviviendo con la confección de indumentaria de bioseguridad para salubristas.

“Ahora hacemos overoles y barbijos de tela. Para distribuirlo, salgo arriesgando mi vida, pero no queda otra porque hay que comer y pagar alquiler”, manifestó la mujer.

María Eugenia señala que, a la nula demanda de la ropa que ella produce, se suman la escasez de los insumos y el precio del material que se ha duplicado. “No hay tela para comprar y cuando hay, la venden cara. La tela rompeviento, que costaba Bs 6, la están vendiendo a Bs 11,5; la Prada, que costaba 10, está a Bs 17; la tela galleta valía Bs 5, ahora está en Bs 14”, puntualizó la sastre.

“Los micro y pequeños empresarios estamos muertos. Ya estábamos heridos por la incursión de los productos usados y los productos con valor agregado que ingresan por nuestras fronteras y con esto de la cuarentena fue el golpe de gracia. Teníamos la esperanza de que con el decreto 4216 lanzado por la presidenta, nos iban a reinyectar fondos con periodos de gracia, pero nos sorprendemos cuando nos dijeron que el crédito es al 11,5% de interés. Esperábamos una tasa del 3%. El crédito que nos van a otorgar para los dos meses de sueldo, que sea con interés del 0%, porque es algo que el dueño va a pagar a un empleado sin que haya trabajado”, lamentó Mamani.

Conamype pide más apoyo

Néstor Conde, presidente de la Conamype que, según él, no tiene color partidario, sino que representa al sector productor, cree que el apoyo demostrado hasta hoy por el Gobierno no es suficiente, por lo que su directorio alista algunas propuestas para fomentar a las pequeñas industrias, entre ellas, que la tasa de interés de los créditos de reactivación sea del 6% y no del 11,5%, como lo indica la reglamentación del decreto.

“Estamos viendo de qué forma podemos hacernos escuchar, porque este crédito no va a llegar a las empresas informales y, lamentablemente, casi el 80% somos informales, por lo que se estaría dejando de apoyar al sector más vulnerable”, expresó Conde y espera que este 1º de Mayo la presidenta Jeanine Áñez no anuncie incremento al salario, pues sería el tiro de gracia.

Ambas Conamypes coinciden en que, además, se debe aprobar un nuevo régimen impositivo menor al 13% (IVA) para evitar que la informalidad siga creciendo.

Empleo vs desprotección

Es cierto que las pequeñas industrias, la mayoría informales, generan empleo, pero al mismo tiempo sus trabajadores están desprotegidos en materia de salud, en seguridad social y no se les respetan sus derechos laborales.

Néstor Conde confirmó que el 80% de los microempresarios están en el sector informal y Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), reveló que la franja informal está compuesta por dos sectores: el familiar y el semi empresarial, que aglutina a micro y medianas empresas que contratan a trabajadores que constituyen el 70% de la población ocupada en el área urbana.

“Queremos formalizar nuestras microempresas. A pesar de que las normativas no favorecen, creemos que es la única manera de ser más competitivos. El Gobierno debe hacer leyes que favorezcan al sector, al trabajador y al Estado”, explicó Juan Carlos Vargas, dirigente de Santa Cruz.

Situación de los empresarios

Luis Barbery, en un tono más optimista, cree que todos debemos empujar el carro en la misma dirección porque, de lo contrario, la pandemia puede golpear más fuerte. Admitió que el Gobierno ha tomado buenas medidas económicas difiriendo pagos y obligaciones de la gente que no está trabajando.

Barbery es consciente de que, por ahora, las prioridades de las empresas están en segundo orden, después de la necesidad de alimentarse y de atender el tema sanitario, pero remarcó que urge generar condiciones para inyectar liquidez al empresario y pensar en la reactivación parcial de algunas actividades que no violen los protocolos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país.

La COD pone el hombro

Sócimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, cree que los miles de trabajadores, ahora parados, pueden reactivar la economía, pero para ello los empresarios no deben centrarse en que no hay flujo económico o pensar en cerrar las empresas.

“La economía va a resurgir si todos ponemos el hombro. No siempre hay que exigir incremento salarial, lo que no podemos permitir es que se cierren las industrias y los trabajadores queden en la orfandad”, dijo Paniagua.

Reducción de porcentajes

El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, dio una buena noticia al anunciar que la tasa del crédito para los microempresarios rondará el 3,3% de interés. Asimismo, el crédito para el pequeño y mediano productor irá con una tasa menor.

Sobre las quiebras de las microempresas, Parada indicó que, vez que se vaya liberando la economía, se verá cómo se atiende a la pequeña y mediana empresa.

A las empresas grandes, según el ministro, se les está dando una liquidez de $us 2.000 millones con la postergación del pago del impuesto a las utilidades ($us 1.500 millones) y en otros diferimientos que rondan entre $us 500 y 600 millones. No se descartan otras asistencias; se analizarán según el comportamiento de la pandemia aseguró el ministro.