La ANP alerta a la ciudadanía sobre intentos de suprimir la libertad de expresión
Advierte que dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal orientados con ese fin
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales diarios de circulación nacional de Bolivia, sacó un comunicado este domingo en el que alerta a la población acerca de dos proyectos del oficialismo con los que se intenta suprimir la libertad de expresión.
“De manera coincidente, dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos ‘contra la dignidad’ y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia”, señala el comunicado y agrega que: “Las propuestas llegan en momentos en que sectores sociales movilizados presentan demandas al gobierno, reclaman seguridad sobre la administración de los fondos de jubilación, y desde las propias filas del oficialismo se difunden denuncias sobre la importación de carburantes.
Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen”, explica la ANP.
La notificación recuerda también que la ANP fue una de las pocas organizaciones que en septiembre de 2010, advirtió que la inclusión de sanciones a periodistas y medios en una ley contraria al racismo, derivaría en amedrentamiento y autocensura en el trabajo periodístico independiente.
Además, señala que “en agosto de 2012, un influyente ministro abrió causa contra una agencia de noticias y dos periódicos, por un supuesto delito de promover ‘odio racial y discriminación’. La alerta de la ANP se cumplió y hoy el proceso judicial aún se halla abierto”.
La comunicación enfatiza que en su estatuto de creación, la ANP cumple la tarea fundamental de defender el derecho de los ciudadanos a expresar ideas y opiniones, y exige el cumplimiento de Tratados internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protegen el trabajo de periodistas y medios.
