La CIDH abre pesquisas por violencia contra la prensa, alistan más de 50 evidencias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) activó una investigación por la violencia contra periodistas y vulneración a la libertad de prensa en Bolivia. En ese contexto activó la fase “de estudio inicial” para recibir evidencias a través de los canales digitales de la institución. El presidente saliente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, anunció así inicio de “un caso contra el Estado”, pero el Gobierno lo negó. 

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En atención a su comunicación, le informamos que usted tiene la MC-296-23 y se encuentra en la etapa de estudio inicial. Tan pronto la Comisión tome una decisión le será informada”, señala la nota que fue remitida por Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la institución internacional, a Roberto Méndez. 

El escrito, remitido el 9 de mayo desde Washington que es la sede de la CIDH y de la Organización de Estados Americanos (OEA), contempla indicaciones para la presentación de evidencias y pruebas a través de la vía digital. 

Ayer, en el contexto de la celebración del Día del Periodista Boliviano, Méndez lanzó el anuncio. Lo hizo en el auditorio Raúl Otero Reiche de la Casa de la Cultura. Allí también tuvo lugar la toma de juramento de la nueva directiva de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz que hasta 2025 estará dirigida por Maggy Talavera.

“Esta apertura del caso tiene que ver con el pedido que hemos hecho, de que se dicten medidas cautelares y se le pida al Estado boliviano que nos otorgue garantías constitucionales para el ejercicio pleno de nuestros derechos y en el más fundamental derecho quiere decir respeto a la vida, porque en estos días nos han apuntado con armas, nos han apuntado con balas, con gases, con palos”, dijo Méndez en el acto especial.

Poco después, la Cancillería señaló, en un comunicado, que “no cursa en antecedentes ningún proceso bajo el sistema de peticiones y casos de la CIDH”. Añadió que “ni siquiera hay una causa admitida en la primera etapa de admisibilidad”. Basó esta afirmación, según se lee en el escrito, “en una consulta” con Pedro Vaca que hizo la legación de Bolivia en la OEA.

“La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA hace está aclaración en absoluto honor a la verdad y ratifica su compromiso con el periodismo independiente y veraz de nuestra Nación en el Día del Periodista Boliviano”, se lee en ese reporte institucional también enviado desde Washington.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de la Asociación Nacional de la Prensa, en 2022 se produjeron más de 200 violaciones a la libertad de prensa, siendo la más frecuente la vulneración del secreto de fuente, además de acciones legales por encima de la Constitución y la Ley de Imprenta. 

“No estamos diciendo que la CIDH ha emitido un fallo en contra de las agresiones. Lo único que estamos diciendo es que nos han abierto un caso, nos han asignado un código para que nosotros presentemos las pruebas de lo que estamos diciendo. Hemos denunciado 52 casos de agresiones y ahora nos toca mandar esas pruebas para que la CIDH se dé cuenta de manera fehaciente que no estamos mintiendo ni deformando la realidad”, declaró Méndez a EL DEBER tras la reacción del Gobierno de Luis Arce.

Precisó que la gravedad de las denuncias pasa, incluso, por un tema de “seguridad nacional”, como es el caso las Londras. Esta denuncia está relacionada con el secuestro de un grupo de periodistas, trabajadores y policías en predio productivo que fue tomado ilegalmente por un grupo de campesinos afines al MAS. El caso data de octubre de 2021 y está a un paso de la apertura del juicio formal. Ese secuestro duró siete horas, tiempo en que los integrantes del grupo agresor llegaron a disparar contra los equipos audiovisuales de los periodistas que fueron enviados en el ejercicio de su labor.

“El Gobierno no tendría por qué incomodarse con esto. Más bien, por el contrario, debería mostrarse preocupados por la lentitud de los procesos judiciales pendientes. Por ejemplo, tenemos 14 procesos judiciales abiertos por estas agresiones. Hay cuatro procesos disciplinarios contra policías acusados de agresión. Nos han dicho que no podemos acudir a ver el estado de los procesos. Esto genera indefensión y es posible que esos uniformados estén absueltos”, afirmó y adelantó que cada uno de esas denuncias llegará a la CIDH con evidencias de respaldo.

Además del caso Las Londras, las agresiones denunciadas se produjeron durante el paro de los 36 días, “tanto por la Policía, personas afines al Gobierno y personas que protagonizaron los bloqueos”, aclaró Méndez. Precisó, que se incluye el caso los ataques de diciembre perpetrados por avasalladores y la violencia que estalló tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre.

“Tenemos imágenes de Policías disparando de manera directa contra periodistas y ciudadanos. Eso hemos denunciado, eso está en la CIDH. Lo que tiene que hacer el Estado es aplicar la ley y sancionar esos excesos”, añadió el ahora expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.

Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, señaló “que de todos modos las denuncias tienen que estar en el informe final de la visita ‘In Loco’” que realizó la CIDH al país durante la última semana de marzo.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, valoró que estos casos sean atendidos por el organismo internacional y dijo que “se espera un cambio de actitud del Gobierno”.

Talavera prometió continuar con la tarea que dejó Méndez, pero sin descuidar la defensa de los valores periodísticos y la ética.