La CIDH cierra el expediente del cocalero César Apaza y su abogado le dice que "se está lavando las manos"

Esta tarde se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró el expediente del cocalero César Apaza, aunque se mantiene vigilante en cuanto a la vida de este. Esto se dio en medio de una coyuntura en la que su familia y abogado esperan que se lo deje en libertad o se le dé atención médica urgente, al estar esta persona sufriendo por los efectos de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Jorge Valda, abogado defensor de Apaza, afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "se lavó las manos" en el caso de su defendido. Aseguró que apelarán a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La determinación de la CIDH que se comunicó a la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el 18 de diciembre, según una carta que publicó el canala estatal, indica que "tras haber analizado la información aportada por las partes, la Comisión ha considerado oportuno cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento". 

Aclara que "sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables". 

Es más, asegura que "esta decisión no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables".

En este último párrafo se refiere al cuadro clínico que presenta César Apaza, que sufrió un accidente cerebrovascular y que desde entonces se encuentra imposibilitado de varias funciones físicas motoras. 

Específicamente, la CIDH refiere que "considera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. (...) proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza del beneficiario y su consentimiento informado". 

"Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos del señor Apaza, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares", agrega. 

Por otro lado, y casi al final, la CIDH "ha considerado pertinente señalar que la presente decisión no obstaculiza para que el propuesto beneficiario (Apaza) pueda presentar una nueva solicitud en caso de que considere que así se lo amerita, ante nuevas circunstancias".

Al respecto, el abogado defensor de Apaza, Jorge Valda, sostuvo que esta "resolución que ha emitido la CIDH va totalmente contraria a sus estatutos y reglamentos, porque la respuesta que podía dar era otorgar las medidas cautelares o denegarlas, no cerrar el expediente por incumplimiento a las formalidades del artículo 25".

En sus palabras, "lo que está diciendo la CIDH es que por no haberse cumplido los formalismos, los tecnicismos procesales, cierran el expediente, y esto no está previsto dentro de los reglamentos y estatutos de la CIDH". 

Es por ello que Valda califica que lo que está haciendo la "CIDH es una situación alarmante, está lavándose las manos, como lo están haciendo los jueces en Bolivia. Nosotros vamos a acudir a la instancia que reponga la determinación y vamos a acudir al pleno de la Asamblea de la OEA. Y vamos a hacer conocer esta resolución, porque pese que se señala que son confidenciales los trámites, es una mentira".

Nosotros (la defensa de Apaza) desde esta semana, "nos bloquearon la página para evitar que accedamos, ahora sabemos para qué", indicó haciendo referencia a la resolución que él califica como contraria. 

Resaltó que "no es posible que tengamos comisionados incumpliendo mandatos. No podían cerrar el expediente".

El dirigente cocalero César Apaza está detenido desde diciembre del año 2022. Hace unos meses sufrió un accidente cerebrovascular y ahora depende de otra persona para realizar varias de sus funciones físiológicas. 

El pasado lunes, cocaleros de Adepcoca, le dieron plazo al Gobierno Nacional hasta el 8 de enero para que "reflexione" y libere a César Apaza. Estos amenazan con manifestarse de una manera que 'no le va a gustar a nadie'.

"Queremos que nuestros detenidos en la cárcel salgan en libertad, porque no son delincuentes, son presos políticos. Y además, César Apaza, que está detenido desde el 3 de diciembre, es un detenido ilegal, porque de audiencia en audiencia se la pasa", indicó René Llojlla del Comité de Vigilancia de Adepcoca.

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