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Las recientes agresiones contra periodistas del país motivaron un mensaje de preocupación por parte de la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, además, pidió al Estado boliviano las garantías en favor del ejercicio periodístico.

En un comunicado divulgado ayer, la entidad recordó que “la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía”. Ante esa premisa, remarcó, el Estado debe otorgarles “el máximo grado de garantías a fin de que puedan cumplir su función con libertad y seguridad”.

El martes, el periodista Carlos Quisbert del diario Página Siete fue arrestado y agredido por la Policía, mientras que dos corresponsales, Santiago y Sergio Limachi, de la agencia internacional Reuters TV, resultaron lesionados por efecto de una explosión durante un operativo policial que se desarrolló en el contexto del conflicto cocalero de La Paz.

Ante estos sucesos, la Relatoría exteriorizó “su preocupación ante los reportes recibidos sobre el uso de la fuerza pública y detenciones en contra de trabajadores de la prensa que cubrían el conflicto” y recordó que “en los días previos” registró agresiones a reporteros en Santa Cruz y Cochabamba.

Así, el comunicado de la Relatoría de la CIDH hizo referencia a la agresión que sufrió el viernes 17 de septiembre un fotoperiodista de EL DEBER, cuando se inauguró la Expocruz. Ese día, agentes de seguridad del presidente Luis Arce intentaron evitar que se tomen fotos del mandatario. Hubo un forcejeo y la camisa del reportero gráfico fue rota.

En Cochabamba, los periodistas Miguel Rojas y Nicole Vargas, del periódico Opinión, fueron golpeados durante la vigilia que realizaban seguidores del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en la plaza 14 de Septiembre. El caso fue denunciado en la Fiscalía.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseguró el martes que existían las garantías para los periodistas, ayer informó que se iniciaron las investigaciones para establecer las responsabilidades, tanto por la explosión que afectó a los corresponsales como el procedimiento que se ejecutó durante el arresto de Quisbert. “Anunciamos una investigación sobre estos acontecimientos y garantizamos el trabajo de la prensa en todos los rincones del país”, informó Del Castillo.

“Sí ha habido exceso por parte de la Policía se llamará la atención o se enmendará esa conducta para que no suceda en lo posterior. Espero que también haya por parte de la prensa esa situación, más allá de lo sucedido”, dijo el comandante de la Policía de La Paz, Augusto Russo. Explicó que cuando se produjo el arresto de Quisbert, el periodista no mostró su credencial de prensa.

El subteniente de la Policía Elvis Salvatierra se querelló contra el periodista de Página Siete por agresiones y para ello acreditó dos días de impedimento. Además, lo acusó de provocar daños en su motocicleta. Quisbert había denunciado que fue atropellado por el vehículo policial y luego hizo un ademán para defenderse. La Fiscalía oficializó ayer que desistió de seguir con el caso por falta de elementos de convicción.

El diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana demandó la destitución del comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, como “señal de garantía”, mientras que su colega Orlando Valdez solicitó un informe escrito al ministro de Gobierno para que señale “quién dio la orden del operativo”.

En medio de estas tensiones, Radio FMBolivia de Yungas denunció ayer el “asalto” a sus oficinas, ubicadas al interior de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) en La Paz. Se robaron, señala la denuncia, micrófonos, una consola y otras herramientas.

La emisora estuvo transmitiendo de forma continua los acontecimientos que marcaron la pelea por el control del mercado de la coca. En un comunicado, pidieron a las autoridades investigar este hecho y piden “garantías para el desarrollo de un trabajo para la sociedad”, en el marco del respeto a la libertad de expresión.

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