La CIDH halló un país fracturado y habla de ‘manipulación penal’

La justicia no es independiente en Bolivia. El criterio es viejo, pero fue ratificado en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la visita ‘in loco’ que hizo a Bolivia entre el 27 y 31 de marzo. Eso sí, esta vez el organismo habló de una “manipulación penal” en el contexto de esta crisis crónica del sistema judicial.

El informe fue presentado en La Paz por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, la primera vicepresidenta de la CIDH, cuando dio por finalizada la visita que llevó a los delegados del organismo interamericano a La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Sucre, las ciudades donde se reunieron con autoridades gubernamentales y regionales; dirigentes indígenas, activistas, legisladores y periodistas. Todo ello sirvió para recoger los testimonios y reportes sobre el estado de situación de la justicia y derechos humanos en el país.

“En Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno; falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante la visita”, apunta el apartado 29 del reporte inicial que será la base de un “Informe país” que aprobará la CIDH con “observaciones, conclusiones y recomendaciones” para Bolivia.

Los comisionados señalaron que esta situación de manejo instrumental de la justicia “lleva a largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada”. Igualmente, se observa —puntualizaron— “un retardo procesal, particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes”.

“En este panorama no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal”, remarca el documento que fue elaborado por el organismo internacional.

El comisionado Joel Hernández, quien además es relator para Bolivia, anunció que el informe final se presentará en un “tiempo prudencial”. Ese plazo varía de entre cuatro a seis meses, además, en julio la CIDH celebrará audiencias públicas en su sede de Washington, donde verá casos específicos de toda la región.

De acuerdo con el artículo 59 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los informes de la CIDH deben ser presentados al Consejo Permanente, la entidad que podrá asumir alguna resolución al respecto. Eso sí, la Comisión es independiente y sus reportes no podrán ser censurados en esa instancia.

Para el caso de la visita a Bolivia, el objeto fue distinto al ámbito de trabajo que el organismo viene realizando con el Mecanismo Especial de Seguimiento sobre los hechos de violencia de 2019.

Ese año, Evo Morales renunció a la Presidencia en medio de fuertes protestas sociales que reclamaron la nulidad de las elecciones por los “actos dolosos” que identificó una misión de observación de la OEA. El líder del MAS, quien fue el presidente con más tiempo en la primera magistratura del país, se había postulado a esos comicios para reelegirse para cuarto periodo consecutivo por encima de los límites fijados en la Constitución.

Pero, entonces ni ahora, la Comisión se refirió a esas elecciones fallidas. “Lo que ha hecho la Comisión, desde octubre de 2019 y lo sigue haciendo es velar por la vigencia de los derechos humanos de todas las personas bolivianas”, puntualizó Joel Hernández.

De este modo, la CIDH cumplió su segunda visita ‘In loco’ en el país desde 2006, cuando identificó que había un amplio sector de la población que estaba “históricamente excluido”. En 2007 el organismo publicó el reporte de esa visita y en 2009 presentó otro para hacer el “seguimiento”. Ahora, el proceso será el mismo.

“Pasados 17 años, la Comisión pudo observar avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes, que partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario productivo. Al mismo tiempo, identificó desafíos estructurales que persisten en el país; así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes de violencia partidista, producto de una extrema polarización política, que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana que urge ser superada”, afirmó la primera vicepresidenta del organismo al presentar el legajo de la visita.

Si bien en el reporte de hallazgos preliminares la CIDH presentó problemáticas generales, hizo una excepción cuando se refirió a la visita, en prisión, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la expresidenta Jeanine Áñez y al dirigente cocalero César Apaza. “Son personas que se autoidentificaron como presos políticos y cuyos requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado”, subraya el reporte.

En el apartado 50 del documento la Comisión explicó que “tomó nota de los procesos penales en contra de estas personas” y recordó que, “conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención”.

Martín Camacho, el abogado del gobernador cruceño, señaló en varias ocasiones la restricción de visitas, así como el derecho a la intimidad de su esposa, además de la resistencia de las autoridades policiales a recibir esa denuncia. La familia de la autoridad dijo luego que espera un informe “objetivo e imparcial” de la entidad.

“El informe de la CIDH en Bolivia concluye la total ausencia de independencia judicial, alta tasa de detenidos preventivamente de forma ilegal, la mayor injusticia hacia las mujeres y niñas víctimas de violencia, y la constatación de más de 200 presos políticos del régimen del MAS”, señaló Áñez a través de sus redes sociales.

Respecto a este escenario, la Comisión no descartó ni confirmó la existencia de presos políticos en el país. “Este no es el espacio para determinar si existen o no presos políticos, ese es un tema muy complejo que requiere mayor información y una evaluación por el pleno de la comisión”, dijo el comisionado Joel Hernández.

El principal cargo que enfrentan los tres detenidos es por “terrorismo” y tiene que ver con el denominado caso ‘Golpe I’, precisamente sobre la forma en la que renunció Evo Morales. Este caso no busca sanciones por los fallecidos en las masacres de Sacaba y Senkata durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y está fuera del alcance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Eso sí, el reporte de la CIDH expresó su preocupación por la ambigüedad de la tipificación del delito de terrorismo. El Gobierno presentó un proyecto al Legislativo para precisar su alcance, pero fue rechazado porque “criminaliza el ejercicio de la protesta”, según un análisis presentado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. El proyecto será debatido desde este 4 de abril

El presidente Luis Arce en un escueto reporte, emitido a través de sus redes sociales, destacó la visita de la misión de la CIDH con quienes tuvo la oportunidad de reunirse el viernes pasado. “Como Gobierno Nacional reafirmamos nuestro más firme e inquebrantable compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos”, anotó la autoridad.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, había destacado la amplitud que tuvieron los comisionados para poder desarrollar su agenda en el país y la comisionada Arosemena lo reconoció cuando señaló que el Gobierno mostró su apertura en favor del escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

Ante este escenario, la CIDH hizo un llamado en favor de la reconciliación. “Si bien la Comisión entiende que la polarización histórica que divide a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en 2019, estas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión, contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social. Solo mediante un amplio diálogo nacional con respeto al rol esencial que juega el gobierno legítimamente electo, los partidos políticos en una democracia, y la amplia participación ciudadana organizada, se alcanzará la anhelada convivencia armónica de esta pluralidad de naciones y culturas que hace de Bolivia un referente”, señala el documento.