La CIDH trabaja propuesta para que el Gobierno repare daños a las víctimas de los conflictos de 2019
Habrá acompañamiento técnico para que haya atención a las víctimas y familiares de los muertos durante la crisis política y social de 2019. Los afectados exigen un proceso judicial "no político"
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elabora una serie de sugerencias para mejorar el sistema judicial en Bolivia y prepara una propuesta sobre la reparación de daños para las víctimas de los hechos de 2019. Este trabajo será puesto a consideración del Gobierno como parte del acuerdo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y con base a las necesidades de quienes sufrieron las vulneraciones a sus derechos.
El acompañamiento técnico para mejorar las cuestiones estructurales comprende el envío de estudios y notas de aspectos puntuales que ya fueron desarrollados por el sistema interamericano, como qué se entiende por víctima o reparación integral que son conceptos “muy avanzados” en el derecho internacional.
Para este propósito, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, destacó la importancia de la participación de todos los sectores y personas afectadas. Se comprometió a reunirse con las víctimas de otros departamentos y ciudades con quienes aún no se tuvo contacto.
“No podemos ir con las autoridades del Estado a pedirles que mejoren sus procesos de justicia sin antes saber qué es lo que piden y qué es lo que ustedes (las víctimas) entienden por justicia. Hoy venimos a escucharlos, buscamos tener una idea de los que nosotros tenemos que sugerir al Estado en nuestro trabajo de apoyo técnico. No podemos sugerir acciones y actividades si no escuchamos a las víctimas”, explicó la autoridad a las víctimas de Huayllani, Senkata, Betanzos, Beni y El Pedregal reunidas el miércoles en El Alto.
Entre los pedidos más relevantes de los afectados fue el inicio de un proceso “no político”, con jueces probos e imparciales contra quienes dispararon, hirieron, torturaron y detuvieron a ciudadanos durante los conflictos políticos y sociales de 2019 por causa de las anuladas elecciones.
A ello se suma la reparación de daños que se traduce en indemnización económica, fuentes laborales, mejores oportunidades de educación para los huérfanos y, de manera unánime, atención psicológica para las víctimas directas e indirectas.
Estas solicitudes coinciden con las recomendaciones del GIEI-Bolivia sobre la necesidad de una reforma judicial para que sea “independiente de la política” e imparcial para servir a la ciudadanía. También apuntan a que los hechos se investiguen de manera seria, diligente, exhaustiva y con el debido proceso en el juzgamiento y sanción de los responsables.
El comisionado relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández, adelantó que iniciarán de inmediato con la elaboración del plan de trabajo y la programación de reuniones con las partes.
Reneaum y Hernández señalaron que se llevan del país la “enorme responsabilidad” de armar una buena asesoría y asistencia técnica para el Estado. Su misión principal será crear un puente de acercamiento entre las comprensiones de las víctimas y lo que el Gobierno puede y debe hacer con las condiciones que tiene.
El canciller Rogelio Mayta aseguró que existe una apertura desde el Gobierno para dialogar sobre los vicios de las estructuras estatales. Admitió que el sistema de justicia en Bolivia nunca ha sido reconocido como el “más idóneo” de la región y comprometió al Estado a cumplir con las recomendaciones ofrecidas por los especialistas.
