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En un pronunciamiento público, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (Cidob Orgánica) y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica), rechazaron categóricamente la introducción de nuevos eventos de semillas transgénicas en el territorio nacional, particularmente en territorios indígenas de Tierras Bajas y se oponen a las normas que incentivan el chaqueo y los desmontes para abrir la frontera agrícola.

Exigimos la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4232, que autoriza la utilización de semillas genéticamente modificada (OGM) en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Exigimos la abrogación del DS 3973 y la Ley 741, que permiten los chaqueos y el desmonte, con el fin de ampliar la frontera agrícola”, señala el comunicado conjunto, dirigido al Gobierno.

El documento también pide mayor fomento y apoyo a la agricultura indígena originario campesino ancestral, que es la base para la generación de otras formas y modos de agricultura como la agricultura sostenible, la agricultura agroecológica y la agricultura ecológica.

Se declaran en estado de alerta y desconocen la firma de convenio de la Cidob, afín al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

“La Cidob del exgobierno del MAS, a la cabeza de Pedro Bare y que hoy está a la cabeza de Gregorio Alexander Quetty Medina, ha suscrito una alianza de cultivo de semilla transgénica con la CAO, con el objetivo de destruir los bosques de los territorios indígenas ancestrales, sin consultar a las bases”, denunciaron.

Además, se comprometen a gestionar y exigir que el Gobierno nacional, apoye y promocione la agricultura familiar indígena originaria campesina, urbana y periurbana, por ser la que alimenta a la población boliviana”, determinan.

Transgénicos

Ambas organizaciones sostienen que los cultivos transgénicos presentes, en los últimos 20 años no han mejorado los rendimientos de la soya o de otros cultivos, en comparación con los países vecinos, y argumentar ahora que se pretende introducir los mismos para mejorar los rendimientos, la producción y la economía nacional, les parece incoherente con la realidad.

Aclaran que el DS 4232, transgrede la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 establece: “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

Además, dicho decreto viola las leyes nacionales y acuerdos internacionales como la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, el Convenio sobre Diversidad Biológica que Bolivia suscribió el año 2000 y ratificó mediante Ley 2274 el 22 de noviembre de 2001, entre otros.