Es parte de un sistema ecológico que aporta agua dulce a la capital cruceña y el norte integrado. La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) eliminó más arbustos en el territorio del Tipnis y halló menos cocales en el área protegida de Carrasco

19 de diciembre de 2021, 8:19 AM
19 de diciembre de 2021, 8:19 AM

El crecimiento es exponencial. Este año, 432,6 hectáreas de coca ilegal se detectaron en el parque nacional Amboró, una de las reservas naturales más importantes del departamento de Santa Cruz. Las plantaciones fueron eliminadas por militares durante la campaña de erradicación de 2021 que se clausuró el 16 de diciembre.

Según las cifras del monitoreo de plantaciones de coca que, en agosto presentó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), 40 hectáreas de cocales se encontraron allí en 2019 y un año después, la cifra se expandió en 118% para situarse en 87 hectáreas. Con los datos presentados por el Gobierno, las plantaciones en el Amboró se quintuplicaron durante el 2021, aunque aún resta que estas cifras sean validadas por la ONU.

El informe de este año fue presentado por el coronel de Ejército Clever Moya, el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), que es la entidad que está a cargo de la fuerza combinada FTC —policías y militares— destinada a la eliminación de la coca ilegal, cultivada en zonas no autorizadas.

Pero, además, hubo coca en otras áreas protegidas del país. En el parque Carrasco (Cochabamba), 117 hectáreas, una cifra menor a las 163 que se detectó en 2020, mientras que en la reserva forestal de Choré (Santa Cruz) se eliminaron 182 hectáreas de la planta, un dato menor a las 200 hectáreas que se habían proyectado inicialmente. Eso sí, los datos muestran un crecimiento en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde se eliminaron 68,6 hectáreas de coca ilegal, siete de las cuales estaban en el territorio del Beni y el resto en Cochabamba.

En 2020, según el informe de la Oficina Antidroga de la ONU, existían 27 hectáreas de coca ilegal en el Tipnis. Tomando en cuenta el reporte de erradicación, presentado el viernes, el incremento de las plantaciones llega al 150%.

Según la Ley 906, que regula la producción de la hoja de coca, sólo se la puede cultivar en los Yungas de La Paz y en el trópico de Cochabamba. En ambas zonas “autorizadas” existe el límite legal de las 22.000 hectáreas. Desde 2017, cuando entró en vigor esta ley, esta limitación no se cumplió.

Este año, el Gobierno reportó la erradicación de 9.457 hectáreas de coca ilegal con la perspectiva de ajustar las cifras, según la ley.

El artículo 17 de esta norma prohíbe estas plantaciones en otras zonas “no autorizadas”, bajo el riesgo que sean erradicadas por las fuerzas del orden “sin perjuicio de la sanción penal y el agravante cuando se trate de áreas protegidas y reservas forestales”.

Moya recordó que la política de control de la coca está basada en el consenso con los productores de las zonas “autorizadas”, donde se aplica “la racionalización” o la eliminación voluntaria de las plantaciones que estén por encima del límite legal permitido.

“Todo este trabajo se realizó sin ningún tipo de percance de magnitud sobresaliente, más al contrario, se cumplió con uno de los objetivos preestablecidos del comando, que es respetar los derechos humanos y garantizar la conservación de la Madre Tierra, en la ejecución de las operaciones de erradicación, racionalización y control de los cultivos excedentarios”, puntualizó el coronel Moya.

La agencia antidroga de Naciones Unidas registró en 2010 las primeras plantaciones de coca en el departamento de Santa Cruz. Ese año se eliminaron 40 hectáreas que estaban especialmente en Yapacaní. Desde entonces, la cifra del área cultivada fue creciendo de manera sostenida en la región, afectando las reservas naturales que están en el Ichilo, entre ellas Choré y Amboró.

Este año, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) erradicó en esa provincia cruceña 2.516 hectáreas de coca ilegal, siendo el municipio de Yapacaní donde se registró la mayor expansión de esta actividad. Según los datos de monitoreo de la coca procesados por la ONU, en 2020 existían 455 hectáreas y el 91% estaba concentrado en Yapacaní, un municipio que está como una zona de riesgo por el incremento de acciones vinculadas con el narcotráfico.

Reserva natural

El Amboró, ubicado en la provincia Ichilo, Santa Cruz, tiene 636.000 hectáreas de bosques y una fauna que es única.

El biólogo Huáscar Azurduy señaló que cualquier producto que se vaya a sembrar en una reserva natural trae consigo la deforestación. “En el caso concreto del Amboró, está el futuro del agua para toda esta región. Su masa boscosa regula la humedad de Santa Cruz de la Sierra y del norte integrado. Si con el tiempo se hace una afectación severa estamos poniendo en riesgo el agua, independientemente de la rica flora y fauna icónica como por ejemplo el oso jucumari y otras tantas especies que allí existen”, alertó.

El experto explicó que, gracias a la presencia de este parque nacional, en los períodos secos del año se mantiene la humedad con lluvias esporádicas de invierno. “Cualquier factor vinculado con la deforestación progresiva producto de la coca o de otra actividad, afectará el funcionamiento hidrológico de este sistema”, remarcó.

“No juguemos con el futuro del agua de la región; eso implica asumir decisiones ahora”, acotó.

Thierry Rostan, el representante de la oficina antidroga de la ONU, explicó que en las recomendaciones de este año se planteó al Gobierno la aplicación de medidas para “impedir sistemáticamente la proliferación de cultivos de coca en los parques nacionales y áreas protegidas con la erradicación”. Además, el funcionario internacional resaltó que “es urgente que el Gobierno pueda tomar cartas en el asunto para revertir los daños a través de la reforestación. 

Si las flores siguen existiendo en la selva, nuestros nietos van a poder convivir con la naturaleza. Los parques nacionales tienen que quedar libre de coca y tienen que ser reforestados en los lugares donde hubo coca excedentaria”, afirmó Rostan ante esta realidad.

Las plantaciones de coca en Santa Cruz llegaron a las 101 hectáreas en 2018, un año después esos cultivos subieron a 291. En 2020, las plantaciones se dispararon hasta las 455 hectáreas, lo que representa un incremento del 56% en el último tramo medido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en 2020. Esta cifra sufrirá un ajuste en el reporte de 2021 que presentará la entidad internacional con los datos aportados por el Gobierno el pasado viernes.

Pero, la erradicación tropezó con tensiones. A finales de julio, la federación de las Comunidades Interculturales de Yapacaní pidió seguir con la producción de coca mientras los proyectos de desarrollo alternativo surtan efecto y con beneficios a la comunidad.

“No hemos tenido respuesta a los pedidos de las centrales de la zona Amboró; por lo tanto, estamos pidiendo que la fuerza de tarea conjunta se retire inmediatamente mientras se pueda avanzar en los proyectos productivos”, dijo entonces el secretario general de los interculturales, Juan Cáceres.