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La compra de 170 respiradores con supuesto sobreprecio es considerada por sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, como el caso de corrupción más vergonzoso en los seis meses de gestión de la presidenta Jeanine Áñez, porque se trafica con la vida de los bolivianos.

La gravedad del caso se debe a que se produce en medio de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno a consecuencia del coronavirus, que contempla el confinamiento de los ciudadanos sin realizar actividades económicas y cuando  4.481 personas se encuentran infectadas por el Covid-19, de las cuales 189 perdieron la vida. 

El jueves de la semana pasada el Gobierno recibió 170 respiradores que fueron adquiridos a un precio de $us 28.000 por unidad. Sin embargo, los fabricantes de los equipos en España informaron que los ventiladores comprados por Bolivia estaban por el orden de los $us 8.000, cada uno.

Reacciones

El candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, calificó como "asqueroso" que el sistema de salud se preste a incurrir en hechos de corrupción cuando el pueblo se encuentra encerrado en sus casas, en época en que aumenta la incertidumbre por el desempleo y por la falta de señales del Gobierno para reactivar la economía del país.

"Es muy triste que se haga compra de aparatos que no sirven para atender la emergencia y, todavía, con sobreprecio. En este país han muerto muchas personas por coronavirus. "Dónde estaba la presidenta, en qué andaba el ministro de Economía y qué funciones cumplía el gabinete de emergencia cuando se autorizó la compra de los respiradores", cuestionó Camacho.

Desde el otro lado, el candidato a la Vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, destacó la reacción oportuna de la presidenta y su compañera de fórmula electoral, Jeanine Áñez, para instruir una investigación sobre la denuncia de irregularidad.

"La presidenta marca la diferencia porque en el anterior gobierno había denuncias y se las escondía. El entonces gobernante (Evo Morales) decía que la oposición hacía criticas sin fundamentos, lo que significaba que lo estaban haciendo bien. Ahora, la presidenta toma buenas decisiones y oportunas. Si el ministro (de Salud, Marcelo Navajas) está involucrado, le caerá el peso de la ley", afirmó Doria Medina.

El candidato de Juntos afirmó que la corrupción es condenable, pero en la condición de crisis en que se encuentra el país es doblemente reprochable. 

La presidenta Áñez anunció el martes, vía Twitter: "Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno que caiga todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado".

Sobre el anuncio de la mandataria, el candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, afirmó que, en el caso de corrupción con la compra de los respiradores, el Gobierno actuó cuando el caso fue descubierto por los medios de comunicación. 

Pedraza recordó que un día antes, el Gobierno, a través del ministro de Salud, defendió dicha compra, indicando que se había efectuado correctamente y con el precio que establecía el mercado internacional. Sin embargo, la presidenta se vio obligada a salir públicamente cuando la empresa que vendió los equipos desveló que el costo de los ventiladores es mucho inferior de lo que pagó el Gobierno de Bolivia.

"Este hecho es condenable porque se está traficando con la vida de los bolivianos. En la provincia Obispo Santistevan hay 70 trabajadores de salud contagiados con el coronavirus. En Trinidad se encuentran 60 personas, entre médicos y enfermeras, infectados y murieron dos médicos. En Roboré una enfermera perdió la vida en esta crisis. Todos estos casos se produjeron porque no tenían la indumentaria para trabajar con las personas infectadas y la indumentaria costaba $us 50, dinero que el Gobierno dijo que no tenía. Sin embargo, aparece un sobreprecio de más de $us 3 millones que pueden servir para equipar a los trabajadores de salud", reprochó Pedraza.

A su vez, la senadora Adriana Salvatierra, del MAS, dijo que solicitó una investigación más profunda del caso porque se pretende descargar la responsabilidad sobre funcionarios de segundo y tercer escalón del Ejecutivo.

Recurriendo al Decreto Supremo 181, la legisladora argumento que ni el ministro de Salud, como responsable del sector, ni otros miembros del Gobierno pueden evadir su responsabilidad en esta compra.

A juicio de Salvatierra, este hecho de corrupción mancha toda la gestión de Áñez. Sin embargo, Samuel Doria Medina insiste en que en este caso se destaca la reacción oportuna e inmediata de la jefa de Estado.



 

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