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La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) hizo un llamado en favor de la reconciliación sobre la base de una justicia “imparcial” y abogó por un acto fiscal que mejore la distribución de recursos en un escenario marcado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

“Es el momento de establecer la verdad de lo sucedido, como paso necesario para la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz”, señala el comunicado emitido por los obispos al término de su 108 asamblea nacional celebrada en Cochabamba.

Los prelados del país se reunieron en la casa Clemente Maurer y en su mensaje divulgado este viernes demandaron al Estado promover “una investigación objetiva e imparcial, y establecer las  responsabilidades de todas las partes involucradas”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas de esos días aciagos y a sus familiares (…).La falta de una Justicia independiente socava las bases de la democracia”, apunta el documento en referencia a las 30 personas fallecidas en la crisis política de 2019.

Sobre la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, la CEB se solidarizó con las familias de las más de 12.600 personas que perdieron la vida por esta causa y se inclinó en favor de un nuevo pacto fiscal que mejore la redistribución de recursos a las regiones.

“El dolor (…) va acompañado de una crisis general que ha evidenciado las carencias del sistema sanitario y que afecta todas las dimensiones y ámbitos de la persona y de la sociedad”, se lee en el escrito.

“Tenemos que responder con espíritu de justicia y de solidaridad y con instrumentos concretos como el pacto fiscal, reclamado por tantos sectores y regiones del país para una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportunidad de vida digna para todos”, añade el mensaje.

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Estadística anunció la postergación del censo para 2024, una decisión que generó reacciones en varios sectores que esperan contar con una mayor asignación de recursos por población. En la actualidad, la redistribución se hace con los datos del censo de 2012.  

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