La crisis judicial golpea más duro a los menos favorecidos

Erick Bryan Ríos está encarcelado desde 2018 por un crimen que no cometió. El verdadero responsable del feminicidio, ocurrido en Cochabamba el 10 de junio de 2018, admitió su responsabilidad. Ahora, Ríos espera salir de la cárcel para reconstruir su vida. Sin embargo, la justicia no se ha pronunciado sobre este caso y la defensa del afectado responsabiliza a la Fiscalía por esta situación.

“Nos ha llamado la atención la forma en la que el Ministerio Público direccionó la investigación para culpar a mi defendido”, señaló el abogado Moisés Chiri, quien consideró que la pesquisa fue defectuosa. Informó que, “presionado por los hechos”, Edwin Cáceres, un chofer de taxi, confesó el crimen perpetrado contra Alexandra Rodríguez. El memorial con la confesión llegó hace una semana y hasta el momento no existe ninguna respuesta.

“Hemos pedido la cesación de la detención porque es injusta. La audiencia debió haberse convocado en el día”, afirmó el abogado de la defensa, tras insistir que la Fiscalía actuó de manera “subjetiva”.

Erick Ríos está detenido de manera preventiva en Cochabamba desde agosto de 2018, dos meses después de ocurrido el hecho. La Fiscalía argumentó la acusación porque Alexandra tuvo una relación sentimental con el acusado.

“El 65% de las personas privadas de libertad, más de 11.000, permanece con detención preventiva por demoras en sus procesos”, apuntó el presidente Luis Arce el 3 de enero de este año por ocasión de la inauguración del año judicial. El dato fue empleado para hacer un llamado en favor de una reforma a la justicia, el reto que el Gobierno anunció para este año, aunque en 2021 también se había trazado ese mismo objetivo.

“El modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente; privilegia a pocos y perjudica a la mayoría”, remarcó el jefe de Estado en la Casa de la Libertad, donde en 1825 se firmó el Acta de la Independencia.

De hecho, entre los reportes de la Defensoría del Pueblo está el caso de Ángel Fernández Cuña, quien estuvo 14 años en la cárcel de San Sebastián. Fue acusado de tráfico de drogas, pero en ese tiempo el juicio no se instaló por falta de pruebas. La pena máxima que le correspondía, en caso de ser sentenciado, era de ocho años.

Fernández Cuña perdió todo en 14 años y nueve meses. Su esposa lo dejó y sus hijos migraron a otros países. Salió libre en julio de 2018. Cuando fue detenido solo hablaba quechua. Relató que no cometió delitos y que se vio complicado por no hablar castellano. Pertenecía a una comunidad distante 66 kilómetros de la capital del valle. En prisión le decían ‘El Katari’.

“Se debe descriminalizar la pobreza y aplicar la detención preventiva solo para crímenes graves. Las medidas cautelares alternativas deben incluir grilletes electrónicos y mejorar las condiciones de la detención domiciliaria y trabajo comunitario”, apuntó el informe que elaboró la Defensoría del Pueblo sobre este caso.

“Es un problema crónico el uso excesivo de la prisión preventiva, que llega al 65% de los reclusos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Nos preocupan los obstáculos que los pueblos indígenas enfrentan para ejercer su derecho, reconocido por el derecho internacional, a la consulta previa, libre e informada respecto a medidas que puedan afectarlos. También los incendios iniciados por agricultores que se extienden a sus tierras, llegando a afectar el 42% de los territorios indígenas de la Amazonia y tierras bajas, entre 2010 y 2020”, señaló César Muñoz, investigador sénior del departamento de América Latina de la Human Rights Watch (HRW), en contacto con EL DEBER.

En Bolivia, “cerca del 80% de los jueces y el 90 % de los fiscales aún son provisionales, lo cual aumenta el riesgo de que se tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y permanecer en el cargo”, señala la HRW en el acápite referido a la independencia judicial que está en el informe mundial 2021, que la organización presentó esta semana.

Según los datos presentados por Arce, “en la justicia ordinaria un 49% de los jueces son de carrera, el 48% transitorios y el restante 3% está acéfalo”. Frente a esta realidad, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, llamó la atención sobre la ausencia de “una carrera judicial que garantice la probidad, meritocracia, idoneidad, pero también inclusión de pueblos indígenas”.

Precisamente, este domingo se cumplen 80 días del violento secuestro de 17 personas (entre periodistas, policías y trabajadores del campo) en la propiedad Las Londras y por este caso solo hay un detenido en Palmasola. Fueron emitidas cinco ordenes de aprehensión que no fueron ejecutadas y la defensa de las víctimas pide que los sindicados sean declarados en rebeldía por el juez de Guarayos, Roberto Hurtado, quien lleva esta causa.

Raquel Guerrero, abogada de los periodistas afectados, indicó que debido a que no se ha podido concretar la captura de los otros involucrados se solicitó a la Fiscalía que presente la imputación.

El secuestro duró siete horas. Fue ejecutado por personas que habían ocupado ilegalmente el predio rural; llegaron a disparar contra una cámara de televisión y golpearon a los afectados.

“Hay protección. Aquí vemos el terrible papel de la justicia que tiene un embudo ancho para algunos y angosto para otros. Cuando ellos quieren no duran las investigaciones y está de moda en Bolivia tener detenidos de manera preventiva y en este caso ni siquiera se adelanta con la posibilidad de las citaciones”, afirmó la senadora Centa Rek sobre esta pesquisa que involucra a organizaciones que son próximas al MAS. Comparó el tiempo de respuesta “eficiente” de la Fiscalía ante el bullado caso de los ‘Ítems fantasmas’ de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con el lento avance de Las Londras.

“La independencia judicial y la independencia de los poderes pasa por respetar a los órganos del Estado”, apuntó Torres. “Nunca escucharán a los magistrados referirse al Órgano Electoral, al Ejecutivo, o la Asamblea Legislativa. Esto también pasa por la voluntad de los propios órganos y sus actores para respetar la independencia judicial”, subrayó la autoridad judicial ante las observaciones que planteó Luis Arce en Sucre.

El presidente del TSJ denunció, luego, que los “jueces están siendo atacados, amedrentados mediante las redes sociales” a raíz de una publicación que se divulgó desde las cuentas de la expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde hace 10 meses por cargos vinculados a su ascenso al poder.

El ministro de Justicia, Iván Lima, inició el año pasado el proceso de reforma judicial sobre la base de seis ejes, entre ellos el presupuestario, la distribución de jueces y el acceso a la justicia. Afirmó que estos temas se debatirán en la cumbre que definirá “la ruta” de la reforma judicial. El evento está previsto para marzo, anticipó la autoridad.