La Defensoría del Pueblo denuncia 30 casos de vulneración a los derechos de trabajadoras del hogar durante la cuarentena
Dos fueron echadas; tres fueron obligadas a tomar vacación; una es obligada por su empleador a trabajar; tres enfrentan deudas de sus empleadores sobre el pago de sus salarios y otras 12 desconocen si corresponde que se les cancele sus salarios. El Ministro de Trabajo estuvo en reuniones.
La Defensoría del Pueblo denunció que, hasta el 21 abril, registraron más de 30 casos de vulneración de derechos de trabajadoras del hogar, entre ellos 14 casos de despidos injustificados entre marzo y abril, y demandó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asumir medidas necesarias y pertinentes para garantizar la estabilidad laboral y el pago de salarios de este sector.
Este medio buscó una respuesta del ministro Óscar Bruno Mercado, pero se nos informó que la autoridad se encontraba en reuniones de coordinación como representante presidencial de la lucha contra el coronavirus en Cochabamba.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota remitida a Mercado, le hizo conocer que representantes de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FNTHB) denunciaron ante la institución defensorial que dos trabajadoras fueron echadas a la calle y no tienen dónde cobijarse; tres fueron obligadas a tomar vacación; una es obligada por su empleador a trabajar; tres enfrentan deudas de sus empleadores sobre el pago de sus salarios y otras 12 desconocen si corresponde que se les cancele sus salarios por este periodo de cuarentena.
La FNTHB hizo conocer, además, que no reciben ningún apoyo de ese Ministerio para la reivindicación de sus derechos laborales, que no ingresan las llamadas al número telefónico de denuncias de esa repartición estatal y que, por su condición social, ellas no pueden llenar el formulario electrónico virtual de denuncias.
La defensora señala que, no obstante, las políticas asumidas para garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral durante la cuarentena total, se observa la inobservancia a tratados y convenios internacionales, así como previsiones constitucionales y normativas, y que la ausencia de mecanismos o medidas eficaces (que consideren la realidad boliviana) para garantizar estos derechos, conlleva a la discriminación de poblaciones que, por su condición socioeconómica, se encuentran desamparadas sin la posibilidad de exigir la vigencia y cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionales”.
