La democracia de Bolivia llega con el ‘grillete’ de la justicia a su aniversario 41
Este año seis fallos judiciales de orden constitucional dilucidaron sobre derechos políticos. Esto es visto como una distorsión del servicio de la administración de justicia. En 2019 el Órgano Judicial jugó un papel clave en la reconfiguración del poder
Jaime Paz Zamora recuerda que no tenía un “domicilio legal” el 10 de octubre de 1982, a pesar que fue esa la fecha en la que juró a la Vicepresidencia. “Estábamos casi en la clandestinidad”, porque “la situación de entonces no estaba totalmente estabilizada”, debido a las versiones ‘golpistas’ que salían desde los cuarteles militares. Fue ese día cuando Bolivia le puso fin a un periodo de 18 años de dictaduras militares e inestabilidad política. Las protestas de ese octubre se convirtieron en manifestaciones de festejo; la democracia había sido recuperada.
Transcurrieron 41 años de estos sucesos y los militares no volvieron a tomar el poder, pero la palabra “dictadura”, “golpe de Estado” o “autoritarismo” no han sido expulsadas; están vigentes. EL DEBER recuperó percepciones, así como reportes internacionales en los que el sistema judicial aparece como una “preocupación” para la democracia por las tensiones que provocan sus fallos al estar próximos al debate político nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, exteriorizó su “preocupación” por la independencia judicial, en el contexto del proceso de selección de candidatos y la posterior elección popular de los magistrados del Órgano Judicial, que está totalmente paralizado, precisamente por acciones planteadas ante el Tribunal Constitucional (TCP) casi todo el año.
En un comunicado divulgado la última semana de septiembre, la CIDH le recordó al Estado boliviano “que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa” tras instar al poder político a buscar un consenso. Una palabra clave en democracia.
El mandato de 23 magistrados y tres consejeros, quienes son los que presiden el Órgano Judicial, debe concluir el 31 de diciembre y hasta el momento la Asamblea Legislativa no ha seleccionado a los candidatos a esas altas cortes porque sucesivos recursos fueron planteados en el TCP y “salas constitucionales”. Además, esto sucede cuando los líderes del gobernante MAS se disputan “la propiedad” del partido para llegar al poder tras las elecciones generales de 2025.
“El sistema de control judicial de la constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, y debatiblemente extendido a ‘salas’ departamentales, atendió y sigue atendiendo recursos sobre el proceso legislativo de preselección de candidatos a los tribunales nacionales”, señaló el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), quien fue magistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el exmandatario, “esta actuación se torna en ilegítima, cuando no ilegal en tanto los magistrados, al tener un interés propio en el término o extensión de su mandato, develan un conflicto de intereses prohibido por la Constitución”.
Hizo notar que el TCP ingresa, de este modo, “en competencias ajenas como aquellas propias de otros órganos de poder, como el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa o el poder constituyente ciudadano”, por efecto de su diseño institucional.
El abogado constitucionalista Israel Quino señaló que si bien se recuperó la democracia en 1982, desde entonces, los “jueces han sido funcionales” al poder político. Señaló que, a pesar de la reconquista de la democracia en 1982 y “la regeneración del sistema de partidos políticos”, no se ha logrado garantizar la legitimidad e independencia de la justicia. Explicó que antes de la Constitución de 2009 las altas magistraturas se distribuían “según el porcentaje de votos”. Esto cambió en 2009, pero el proceso no pudo despojarse de la influencia política.
“Son al menos seis fallos y acciones constitucionales en este año que tienen de fondo una respuesta a los intereses del poder político. Ya no cuidan la forma los magistrados, ya no cuidan ni disimulan cuando menos su independencia. Una medida cautelar es capaz de congelar los derechos políticos de la población y eso afecta a la democracia”, lamentó.
Quino también mencionó la pérdida de atribuciones de fiscalizar, debatir y consensuar que debería desarrollar la Asamblea Legislativa debido a fallos judiciales. “Esto está llevado a la gobernabilidad política desde el ámbito judicial y es peligroso”, remarcó.
“La ciudadanía que ejerce como titular los derechos políticos puede protestar ante cualquier medida que afecte sus derechos. La protesta contra los fallos puede estar en las calles y las calles, cuando hablan, sabemos cómo acaban: En 2003 con un presidente que sale en avión y 2019, con otro presidente que sale en otro avión. Cuidado que la justicia sea el detonante para otra crisis”, dijo.
Juan Del Granado fue alcalde de La Paz y diputado; además llevó a la justicia a Luis García Meza, el último dictador. “Estamos ante una situación de un hartazgo colectivo que tiene que ver con la polaridad generada en el autoritarismo, en el recorte de los derechos y las libertades democráticas, en la persecución política”, dijo el jurista, quien promovió sin éxito una reforma judicial junto a un grupo de profesionales a través de una consulta popular.
La crisis judicial y su influencia en la democracia también ha golpeado al MAS. Una sala constitucional de Santa Cruz ordenó paralizar el congreso político del partido y favoreció a una facción interna del partido, pese a que este terreno corresponde a la administración electoral del país. “Van a haber un montón de interpelaciones más y otros fallos judiciales; todo porque también hemos judicializado demasiado la política, lo cual me parece un camino muy dañino para la democracia”, afirmó la politóloga Susana Bejarano respecto a las perspectivas de la crisis del MAS.
El expresidente Carlos Mesa y líder de Comunidad Ciudadana (CC) consideró que el estado de la institucionalidad democrática ha sido destruida “sistemáticamente por el MAS”. “El país debe conquistar como un imperativo esencial la genuina independencia del Órgano Judicial, sin la cual no podremos librarnos de una dictadura de hecho que padecemos bajo los gobiernos tanto de Morales como de Arce”, señaló.
“Este es el peor momento de la justicia. No hubo, al menos desde que tengo uso de razón, un momento en que jueces y magistrados se hayan sometido tan abiertamente a un partido político”, mencionó el periodista y abogado Andrés Gómez Vela. Recordó así que Evo fue “salvado” por la justicia constitucional cuando fue expulsado en 2002 del entonces Congreso de la República.
