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Un juez cautelar determinó detención domiciliaria para la exministra de Salud, Eidy Roca, por el caso de los respiradores chinos, también fue citado a declarar el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, por el caso de ventiladores españoles. En Santa Cruz, declararon los exministros de Economía, Óscar Ortiz, por la proposición acusatoria por el caso Fundempresa, y José Luis Parada, por un préstamo supuestamente irregular.

Fianza de Bs 70 mil, arraigo, presentación ante la Fiscalía cada viernes sin derecho al trabajo, fueron las medidas sustitutivas a la detención preventiva que dictó la Justicia en contra de la ex ministra de Salud, Eidy Roca, quien deberá permanecer en su domicilio de la ciudad de Santa Cruz, informó su abogado Carlos Camacho, al término de la audiencia.

“Para nosotros es una aberración porque la justicia cree que beneficia a mi cliente porque le dieron detención domiciliaria, cuando ella es una persona de la tercera edad y con problemas de salud que debe ser atendida regularmente. Nosotros ya hemos apelado esa decisión”, dijo Camacho.

La exautoridad está imputada por la compra de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio. Las acusaciones contra Roca son: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En su defensa, la exministra dijo que ella no participó en ninguna de las fases de la compra de esos equipos, que según el Gobierno, figuran como respiradores, pero en realidad son ventiladores y el precio es distinto.

Según las autoridades de Gobierno, cada equipo fue comprado en 30.000 dólares, pero la fábrica certificó que el costo real fue de 8.000, lo que ocasionó un presunto daño económico al Estado de más de 6 millones de dólares.

El abogado defensor explicó que su cliente presentó todos los descargos y pese a los documentos que dejan claro todo el proceso, la Fiscalía insistió en procesarla. Por eso la exministra considera que es perseguida política, aunque se presentó a todas las citaciones que le realizó el Ministerio Público.

Roca asistió a su audiencia de manera virtual en el juzgado 5° Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de La Paz y su abogado recordó que la exautoridad tiene tratamiento especializado en Argentina y debe viajar cada cierto tiempo, por eso están apelando la decisión judicial.

En este mismo caso, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, se presentó de manera voluntaria ayer en la Fiscalía de La Paz para responder ante la justicia por el supuesto delito de uso indebido de influencias en el caso de la compra irregular de 170 respiradores españoles, durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

La exautoridad fue citada por el fiscal Omar Mejillones, que investiga el caso. Santamaría es involucrado por haber recibido los respiradores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Hay un informe de auditoría forense donde se establece que él (Santamaría) tendría cierto grado de responsabilidad al haber recibido los respiradores en la ciudad de Santa Cruz”, afirmó Mejillones.

Este caso fue ampliado en marzo pasado por la comisión de fiscales a otras cinco personas. Además de Santamaría, también se investiga a Hernán Avelino Pereira, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem); Rosemary Jacinta Ajpi, exfuncionaria; Juan Carlos Cardona, exjefe financiero de la Aisem; y Fernando José Arias, exadministrador regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud del Ministerio de Salud (Ceass).

Este caso se remonta a 2020, cuando se destapó la compra de los equipos con supuesto sobreprecio y que, además, costó la destitución del exministro de Salud, Marcelo Navajas y de otras altas autoridades dependientes de esta cartera de Estado.

La investigación apunta, según señaló la Fiscalía de La Paz, a que la adquisición irregular provocó un daño económico al Estado de más de $us 3 millones.

Se compraron respiradores a un costo de $us 27.683 la unidad, cuando la empresa GPA Innova dijo que comercializa cada equipo en $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y 10.000, en su versión avanzada. En ninguno de los tres precios se acerca el monto pagado por el Gobierno de Bolivia en mayo del año pasado.

Las autoridades sanitarias los descartaron porque indicaron que era solo para unidades ambulatorias o de terapia intermedia.

Dos exministros

Por otra parte, por dos propuestas acusatorias de juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, los exministros de Economía, Óscar Ortiz y José Luis Parada, declararon ante la Fiscalía General, en Santa Cruz.

Después de que la Fiscalía citara al exministro Óscar Ortiz por el caso Fundempresa, este sostuvo que acudió en calidad de testigo y que no fue él quien firmó el Decreto Supremo 4356 para extender la ampliación, por 15 años, de la concesión del Registro de Comercio a Fundempresa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, es quien impulsó la acusación sobre este tema contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los exministros Abel Martínez y Adhemar Guzmán, ambos dirigieron la cartera de Desarrollo Productivo y Economía Plural y también fueron citados por el Ministerio Público.

Ortiz recordó que el decreto que ampliaba la concesión a Fundempresa ya no está vigente, puesto que el presidente Luis Arce Catacora lo abrogó tiempo después de asumir el mando del Estado.

“He actuado en el marco estricto de la ley y de los intereses del país y estoy abierto a acudir a las convocatorias y citaciones que me realicen desde el Ministerio Público”, apuntó la exautoridad.

El actual ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció en diciembre que el Gobierno transitorio vulneró la normativa y el Contrato de Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio, que se encuentra vigente hasta el 29 de septiembre de 2021, bajo la administración de Fundempresa, a través del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020.

Por su parte, el exministro de Economía José Luis Parada, se presentó a declarar la tarde de ayer en las oficinas del Ministerio Publico de Santa Cruz en calidad de testigo.

La exautoridad es investigada por un supuesto crédito irregular que tramitó el anterior Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El préstamo fue vetado por la Asamblea por considerarlo ilegal y que comprometía al país a la aplicación de medidas neoliberales, como la devaluación de la moneda y una reducción de la inversión pública. Parada aseguró que el préstamo no vulneró ninguna norma, Durante el 2020, la Asamblea Legislativa emitió dos leyes que respaldan el crédito que gestionó el Gobierno de transición ante el Fondo Monetario Internacional, explicó Fernando Rivero, abogado de Parada.



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