La Fiscalía de La Paz recibe denuncia contra líderes y autoridades cruceñas
Dirigentes del Comité Interinstitucional por el Censo son acusados por terrorismo. Los denunciados no fueron notificados. Aseguran que se pretende criminalizar la protesta del paro por el censo
La denuncia por terrorismo en contra de las autoridades cruceñas que lideraron la lucha por el censo acaba de llegar a la Fiscalía de La Paz. Hasta ayer se desconocía si la investigación estará a cargo de una comisión del Ministerio Público o de un fiscal. Hay vacación judicial y se estima que el caso se reactive en enero.
Los sindicados son cinco: Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, José Luis Santistevan y Reinerio Vargas. Todos ellos forman parte del Comité Interinstitucional que lideró la protesta por el censo con el paro de los 36 días. Hasta ayer por la tarde no habían recibido la notificación.
El fiscal general, Juan Lanchipa, anunció este lunes que varias denuncias serán agrupadas en una sola.
La estrategia para que el caso se procese en la sede de Gobierno y no en Santa Cruz, consistió en que una de las denuncias incluyó el delito de terrorismo.
El decreto supremo 138, del 20 de mayo de 2009, promulgado al mes de producirse la matanza en el hotel Las Américas en el gobierno de Evo Morales, señala que “queda consolidada La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado”.
El fin de semana, al menos dos voceros del Gobierno declararon que los líderes cruceños deben ser procesados por la violencia, las muertes y las pérdidas que dejó la medida que duró más un mes. Sin embargo, se presentó el día previo a la vacación judicial.
Desde ayer, las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se cerraron debido a la vacación judicial colectiva establecida por ley y todos los procesos quedan suspendidos hasta el reinicio de actividades, el 3 de enero de 2023, con la inauguración del Año Judicial.
En los tribunales departamentales de justicia del país la atención será limitada.Si bien funcionarán algunos juzgados de turno en materia penal como cautelares, familia, Niñez y Adolescencia, están suspendidas las audiencias de juicio y los plazos de estos procesos. Fuentes cercanas al Ejecutivo y el Poder Judicial, señalaron que esto afectará a este caso.
Reacciones
Mientras, distintos actores ven afanes de revanchismo en este proceso iniciado contra los líderes del paro.
“Cómo es de esperarse, el Gobierno está arremetiendo contra quienes ejercieron y ejercimos nuestro derecho constitucional a la protesta, que se vio finalizado con el logro de la Ley del Censo”, indicó Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, al referirse a la denuncia sin “asidero ni fundamento”, presentada en La Paz por personas afines al MAS.
El senador Rodrigo Paz, de CC, ve el uso de la justicia para aplacar las voces de los bolivianos. “Los liderazgos y portavoces en Santa Cruz han interpretado una realidad a las demandas del cabildo cruceño y no pueden ser ajusticiados como un mero hecho de frivolidad”, dijo.
A esto se sumó una denuncia por violación, que fue posteada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Se ha elaborado una denuncia totalmente fuera de la verdad, totalmente desapegada además de los marcos jurídicos y que tiene la única finalidad de continuar la persecución política en contra el gobernador Luis Fernando Camacho”, dijo su abogado Martín Camacho. El asesor Efraín Suárez, acotó que el Gobierno persigue a la autoridad y “se inventa cosas”.
