La comisión de fiscales que investiga el caso Senkata presentó la imputación formal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.

“La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados (…) en el Código Penal en grado de autoría (…) pidiendo en consecuencia ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso (…)”, indica el documento de imputación de la Fiscalía.

El documento fue presentado el lunes 17 de abril ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, donde durante la crisis de noviembre de 2019 murieron 10 personas y, según la investigación de la Fiscalía, otras 31 resultaron heridas.

Luis Guillén, abogado de Áñez, dijo este martes que la imputación en contra de su defendida –detenida en el penal de Miraflores por el supuesto golpe de Estado de 2019– carece de objetividad porque la Fiscalía, según una publicación de Erbol, señala en su imputación que los manifestantes de Senkata “ejercían su derecho a la protesta pacífica”.

Nosotros pedimos “que se investigue de forma objetiva los hechos acontecidos en 2019, lo cual significa investigar por qué estas personas estaban ahí (en Senkata) bloqueando, qué hacían, recibían o no dinero, eran agresivos o no, ¿era en sí una manifestación pacífica como dice la Fiscalía?”, cuestionó el jurista.

Además, “en qué respaldan de que pueda ser llamada como una manifestación pacífica; (…) entonces, estamos hablando de una imputación que está comprometida en su objetividad porque directamente nos establecen que estas personas estaban de forma pacífica en Senkata”, agregó Guillén.

El 12 de abril Áñez debía declarar, primero, en calidad de sindicada por el caso Senkata y luego, en calidad de denunciada, por el caso Sacaba, pero en ambos procesos se abstuvo de emitir su versión.

Entonces, Áñez consideró que es un “show” la búsqueda de su declaración ante la Fiscalía por las muertes en la crisis de 2019 porque asegura que debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades en su condición de exmandataria y no por la vía ordinaria como ahora se procede.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que hubo “masacres” en Sacaba y Senkata, donde en noviembre de 2019 al menos una veintena de personas murieron durante una intervención militar ejecutada con base en un decreto emito por el entonces gobierno de Áñez.

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