La garantía legal sobre los escaños es el último nudo del conflicto por el censo

El presidente Luis Arce firmó tres decretos para fijar la fecha del próximo censo; el último de ellos, el 4824, apuntó a desactivar el paro indefinido que se cumple en Santa Cruz desde el 22 de octubre. La extrema medida continúa e ingresa este jueves al día 27.

“Mantenemos el paro indefinido y quedamos en estado de alerta a lo que ocurra en el Parlamento sobre la ley por el censo”, declaró anoche el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al momento de evaluar el cumplimiento de las cinco determinaciones que asumió el multitudinario cabildo del domingo.

La magna asamblea instruyó a los legisladores cruceños a plantear en el Legislativo un proyecto de ley que garantice que los datos del censo también se apliquen para la asignación de escaños en el Parlamento a partir de la nueva realidad demográfica que revele el censo. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra y El Alto, las dos ciudades con mayor crecimiento, esperan tener más representantes. 

Calvó destacó que el tratamiento de esta norma “esté encaminado, aunque con distintos matices” al cumplirse 72 horas de plazo otorgado por el cabildo.

En la magna asamblea también se instruyó que se cree una comisión para evaluar “la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano”. Calvo informó que se analizará el perfil de las personas que serán parte de esta entidad, así como el marco conceptual que será debatido. La propuesta del “federalismo” fue la más mencionada hasta el momento. En todo caso, Calvo anunció que en las próximas horas informará sobre los avances en este apartado.

El domingo también se aprobó elevar un reclamo para que los demás departamentos se sumen a la reivindicación cruceña por la realización de un censo que genere datos confiables para la distribución de recursos para los 343 municipios y 10 universidades del país. El cívico anunció que se invitó a sus colegas del resto del país a realizar una reunión.

El cabildo también dio un plazo al resto de los departamentos para que se sumen con diferentes acciones de protesta a la causa regional. Destacó el paro de 48 horas que se cumplió en Potosí. “El resto de departamentos de Bolivia han dejado claras sus prioridades, que son distintas y las respetamos”, apuntó y anunció que las instituciones cruceñas seguirán.

De todas maneras, los cívicos cruceños se reunieron ayer con dirigentes nacionales del sector gremial. Jesús Cahuana explicó al terminar esa cita que su sector apoyará al paro en los términos del último cabildo. “Se está pidiendo que de una vez la Cámara de Diputados apruebe la ley para levantar el paro. No hay confianza en un decreto ni en la palabra de los ministros”, apostilló.

Además, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia bloqueará hoy las carreteras en todo el país como muestra de apoyo a Santa Cruz. La medida se definió en un ampliado que se realizó el lunes en Oruro, donde también se determinó brindar apoyo moral y material a los piquetes de huelga de hambre instalados en diferentes ciudades.

“Nosotros apoyamos al departamento de Santa Cruz, pedimos que el Censo se realice el 2023, como pidió nuestro máximo dirigente Francisco Figueroa (+)”, manifestó Antonio Siñani, representante gremial de El Alto.

El quinto punto del mandato del cabildo fue la liberación de las personas que fueron aprehendidas “de manera ilegal” en el contexto de las protestas del viernes 11 de noviembre, cuando además surgieron denuncias de abuso policial. El líder cívico destacó que se hayan liberado a 15 vecinos, pero explicó que hay tres detenidos en los enfrentamientos de La Guardia y la fronteriza Puerto Quijarro.

“No vamos a abandonarlos. Están detenidos por esta causa y el cabildo nos manda a garantizar su libertad”, concluyó el cívico.

Más temprano, el segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamadinis, tras reunirse con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y su equipo técnico, dijo que el Gobierno y el MAS deben “otorgar una garantía legal” para que la asignación de escaños en el Legislativo se haga de manera oportuna y antes de las elecciones nacionales previstas en 2025. 

El Decreto 4824, aprobado por Arce el 11 de noviembre, tiene un solo artículo con dos apartados. El primero determina que la fecha del empadronamiento sea el 23 de marzo de 2024 y el segundo instruye la difusión de “resultados preliminares” en septiembre de este año con miras a la redistribución de recursos a municipios y universidades en función de la nueva realidad demográfica del país. La norma no emite previsión alguna sobre la asignación de escaños y eso reactivó las dudas frente a las próximas elecciones. 

En ese contexto, el domingo 13 de noviembre, 20 minutos antes del multitudinario cabildo que tuvo lugar en Santa Cruz, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que en el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá en diciembre de 2024 los resultados del censo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que elabore la norma con la que se distribuirán los escaños y se delimitarán las 70 circunscripciones uninominales del país. 

La Asamblea Legislativa está compuesta por 36 senadores, cuatro por cada departamento elegidos en función de mayorías y minorías. Por eso, estos resultados del censo no impactan allí. Los datos sí afectan en la distribución de los 130 escaños de la Cámara de Diputados, 60 de los cuales se distribuyen sobre la base de criterios poblacionales, mientras que 63 son elegidos por voto directo en igual número de circunscripciones uninominales territoriales y siete son especiales para las naciones indígenas. 

Actualmente, La Paz cuenta con 29 diputados; Santa Cruz, 28; Cochabamba, 19; Potosí, 13; Chuquisaca, 10; Tarija, nueve; Oruro, nueve; Beni, ocho; y Pando, cinco.
Con los datos poblacionales actualizados, Santa Cruz puede ganar al menos tres diputados más. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, anticipó que esta ciudad también ganará un representante uninominal tras el nuevo censo.

El vocal del TSE Francisco Vargas recordó que la Constitución establece 130 diputados y es sobre esa base que se realiza la reasignación. Sin los nuevos datos de población aún no se puede establecer cuáles son las regiones rurales y urbanas que pueden perder escaños para las próximas elecciones nacionales de 2025.

Sobre la base de este escenario, el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, y el rector Cuéllar reclamaron “certezas” al Gobierno porque la garantía sobre los escaños ya está instalada en la protesta cruceña. 

De hecho, el cabildo del domingo se aprobó la exigencia de una ley para que el Gobierno de fe y garantía de que para los próximos comicios el país acudirá con un mapa electoral actualizado y que refleje la representación ciudadana en la Asamblea Legislativa.

Para responder a este mandato, legisladores opositores y del oficialismo presentaron propuestas de ley, con un pedido de urgencia. El Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla las decisiones en el Senado y Diputados, no dio curso a los recursos de dispensación de trámite y optó por enviar las propuestas para que sigan el curso sin urgencia.

“Hay como cinco propuestas en el parlamento, pero creemos que es la Universidad la que debe presentar un nuevo proyecto (de ley para el censo con escaños) que reúna todos los que ya hay, y que se viabilice (la ley) y así el país avance, se pacifique y que la gente puede retornar a sus casas”, afirmó Cochamanidis. Sostuvo que la Uagrm puede encaminar un nuevo proyecto que sea viable. 

El plazo de las 72 horas que dio el cabildo coincidió con el día del fallido censo de este año. “Hay tres decretos vigentes y se debe garantizar el censo de manera tal que el año 2024 tengamos los resultados oficiales del INE para que se distribuyan recursos de coparticipación tributaria, pero la misma Asamblea establezca que la distribución de escaños sea para el periodo 2025-2030 y eso es innegociable”, dijo Santistevan.