Las injusticias se concentran en hechos de violencia intrafamiliar y feminicidios. Los acusados, luego de pagar sumas de dinero, salen en libertad. A otras víctimas les siembran pruebas para encarcelarlos

13 de febrero de 2022, 4:00 AM
13 de febrero de 2022, 4:00 AM

Fabiola A. M. visita todos los días el edificio de los juzgados de La Paz. Esta vez está acompañada de su pequeña hija. En noviembre de 2020 demandó a su expareja por violencia familiar y hasta ahora no encuentra justicia.

“El sistema está podrido”, dice con rabia. En los juzgados de la sede de Gobierno el drama de la mayoría de los litigantes llega hasta las lágrimas y muchos dejan sus procesos por falta de dinero y cansancio.

La justicia en Bolivia vive su peor crisis y tocó fondo. Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución política son los grandes defectos que atraviesa el sistema judicial del país. Y el más afectado es el litigante, aquel ciudadano que espera justicia y no llega. 

Fabiola A. M. quería ver a su expareja -dice que nunca se casó- tras las rejas. Relata que sufrió violencia psicológica y hasta física, pero con el tiempo no halló justicia. Su ex cónyuge logró esquivar todos los dardos y ahora la víctima desconoce su paradero. Le dijeron que se fue a Brasil y su demanda ahora se limitó a la exigencia de pensiones para sus tres hijos. “Vengo casi todos los días y no hallo justicia. No tengo cómo mantener a mi familia”, lamenta. 

Félix Laura no tiene temor en dar su nombre completo. Es uno de los muchos padres que peregrina por justicia. Hace más de un año y medio su hija Helen falleció a sus 17 años, supuestamente en manos de su pareja.

Laura recorre los juzgados y ya cambió a varios abogados. No quiere decir cuánto dinero gastó, pero asegura que la memoria de su hija no tiene precio. El padre denuncia una red de fiscales, abogados y jueces que ayudaron al supuesto feminicida para que tenga libertad condicional. 

Don Félix relata que en 2019 su hija decidió convivir con Abel Jesús Butrón. El 25 de abril de 2020 falleció debido a constantes golpes, pero la justicia decidió calificar el delito como un accidente de tránsito. Tenía 11 costillas rotas y antes de morir había intercambiado mensajes con una amiga. 

“¿Cómo va la vida de casada?” Preguntó su amiga. “Un asco, por caprichosa. Estamos tratando de sobrellevar las cosas, pero extraño mi vida de soltera. Estar a solas, sin que nadie me moleste, viajar.

 Extraño tantas cosas”, respondió Helen. “Son etapas de la vida, amiga”, la alentó su conocida. “¿Tú crees? Yo siento que aún no viví. Si te contara”, lamentó Helen.

“Mi hija sabía toda la hermenéutica de como asesinó a la primera chica. Ella decía que lo iba a denunciar y por eso la mató”, afirmó Laura, quien muestra la foto de su hija y pide al Gobierno ahondar en su proceso. 

En este caso, el médico forense determinó que el sujeto tuvo relaciones sexuales con el cadáver de Helen. Sin embargo, estos resultados no fueron lo suficiente para imputar a Abel Jesús Butrón por el delito de feminicidio. El fiscal decidió cambiar el delito por un hecho de tránsito.

Pido que investiguen al fiscal, estoy solicitando la reconstrucción del caso. “Mi hija llegó al hospital muerta, pido la pena máxima para el asesino de mi hija. Mi niña es la segunda víctima”, protestó el padre de familia con lágrimas por la impotencia que siente. 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima ya se comunicó con la familia de Helen para asesorarla legalmente. “Vamos a ser los abogados de la víctima, totalmente gratis y habilitaremos la asistencia psicológica que la familia necesita”, declaró la directora Angélica Rocha Ponce.

Las víctimas
La presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, Estela Quintana, afirmó que la sentencia no es garantía de que un agresor permanezca en la cárcel. “Si (la sentencia) no está ejecutoriada, sale con detención domiciliaria”, dijo.
Quintana acotó que debido a que se “pierden pruebas” al momento del levantamiento del cadáver o porque “existe una chicanería” en la justicia, los feminicidas hasta logran cambiar de tipificación del delito para conseguir menos años de sentencia.

 Otros “pagan a desconocidos como garantes con tal de salir de prisión”, agregó Quintana.

El modo de operar de estos consorcios conformados por abogados, policías, jueces y fiscales se evidencia en los casos atendidos por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) y la Asociación de Víctimas Judiciales (AVJ).

De 60 casos atendidos por el ITEI -entre 2016 y 2020- en ninguno se respetó el principio de presunción de inocencia y hubo ausencia de una investigación rigurosa, seria e independiente.
De ese total, en 17 procesos hubo aprehensión sin orden judicial, en 26 casos la Policía aplicó tortura para obtener una confesión de culpabilidad y en 14 el fiscal estuvo presente. 

En 57 de los 60 casos las acusaciones se basaron en falsedad. En siete casos fue evidente que se “armó” la acusación con pruebas sembradas, como ocurrió con los procesos de Dirk Schmidt, Franclin Gutiérrez, Yimmy Urzagaste, Antonio Aramayo, Carlos Hur, Juan Bascopé y Jhiery Fernández.

Las pruebas sembradas es otro de los mecanismos por los cuales sufren algunos inocentes. María Angélica T. H. relata que a su esposo un grupo de personas le colocaron droga en su vehículo con el objetivo de culparlo por un delito que no había cometido. 

Ella muestra fotografías en la que se ve a civiles abriendo su vehículo en Oruro e introducen un paquete bajo el asiento. Supuestamente esa bolsa era droga, que luego fue la “prueba” central para culparlo de tráfico de sustancias controladas. Su esposo pasó dos años en la cárcel de San Pedro de la capital orureña, pero la esposa relata que fue un “suplicio” hallar justicia en este proceso. 

“La Policía no cooperó en nada. La Fiscalía mucho peor. El juez no escuchó nuestros argumentos y mandó a un inocente a la cárcel”, lamentó. María Angélica llegó a la conclusión de que “personas envidiosas” mandaron a introducir el paquete en su vehículo y que luego llamaron a la Policía para detenerlo en una batida. 

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, anunció que intervendrá diferentes juzgados para revisar si existen irregularidades en los procesos. La autoridad judicial consideró que se debe aplicar medidas drásticas contra los jueces que cometan delitos. 

La justicia es lo peor que tiene Bolivia. En su interior viven mafias judiciales que envenenan el sistema legal y lo llevaron a la crisis más profunda que tuvo en el último tiempo.